Aparecen vivos los activistas indígenas buscados

La madrugada del sábado aparecieron con vida los activistas indígenas Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, luego de que fueron reportados como desaparecidos desde el martes 12 del mes en curso mientras huían hacia la ciudad capital Chilpancingo, informaron autoridades.

En un contexto de contradicciones, el gobernador Héctor Astudillo informó ese día temprano que los activistas indígenas fueron encontrados sanos y salvos en la cabecera municipal de Tierra Colorada, en el marco de un operativo oficial de búsqueda integrado por el Ejército, Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Pero apenas una hora después Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, esposo de la señora Eugenio Manuel, dijo haber recibido una llamada anónima la madrugada de este sábado donde le pedían que se presentara, solo, en la cabecera municipal de Tierra Colorada, donde le entregarían a los desaparecidos, lo que desmiente rotundamente la versión del mandatario estatal.

Dado este ambiente de contradicciones, el gobierno del estado suspendió una conferencia que ofrecería en el curso de la mañana del sábado el gobernador Astudillo Flores, quien dejó en manos de la FGR el procedimiento legal para el esclarecimiento de los hechos.

Obtilia Eugenio Manuel es fundadora de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (tlapaneco), agrupación creada precisamente para defender los derechos de las comunidades indígenas asentadas en la parte media del municipio de Ayutla.

Su nombre cobró notoriedad internacional en el año 2002 a partir de su defensa de las jóvenes indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes acusaron de violación a soldados del Ejército Mexicano que patrullaban la región de Barranca Tecoani, en esa municipalidad.

Con asesoría jurídica de diferentes grupos de defensa de derechos humanos, la OPIM de Eugenio Manuel encausó jurídicamente a los soldados que estaban adscritos a la Novena Región Militar, que en su argumentación apelaron al fuero militar.

Ante esta situación, con apoyo del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, las agraviadas iniciaron un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que luego de analizar el caso emitió una sentencia condenatoria contra el Estado Mexicano.

Tanto Eugenio Manuel como las agraviadas fueron blanco de amenazas y represalias, por lo cual la Corte Interamericana ordenó al gobierno mexicano aplicar medidas cautelares de protección especialmente en el caso de la dirigente de la OPIM, protección que es aplicada por el gobierno del estado de Guerrero.

En acuerdo con diferentes organizaciones populares e indígenas -la OPIM, la CRAC-PC y la UPOEG, entre otras- para 2018 impulsaron las elecciones por usos y costumbres, aprobadas previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio como resultado la expulsión de los partidos del proceso electoral.

La elección en julio de 2018 se concretó a través de un procedimiento abierto a mano alzada, con lo cual Ayutla se convirtió en el primer caso de un gobierno comunitario emanado de un sistema normativo propio.

Según los consensos del gobierno comunitario, desde la elección de julio de 2018 en Ayutla existe una administración basada en un Concejo Municipal integrado por 38 coordinadores que representan los 140 pueblos y comunidades de ese municipio.

Según la información que ha trascendido, los problemas iniciaron en noviembre pasado cuando Eugenio Manuel, integrante de la Comisión de Obra Pública, comenzó a revisar los expedientes de asignación de obras, donde encontró serias irregularidades. Fue cuando comenzó a recibir amenazas.

Según fuentes cercanas a la administración municipal, Obtilia recibió mensajes de odio y amenazas de muerte a través de mensajes de texto en su teléfono celular, que aseguraban que asesinarían a todos los integrantes del Concejo Municipal, comenzando por ella.

Los mensajes adolecían de graves errores de expresión gramatical, por lo cual se infiere que fueron enviados por uno o más indígenas que apenas hablan español.

El sábado 9, inclusive, algunos cercanos refirieron que Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, su compañero de gestión, fueron objeto de un intento de secuestro, pero que éste último enfrentó a los agresores.

Como las amenazas arreciaron y elevaron el tono, a Obtilia e Hilario no les quedó más remedio que huir hacia la capital Chilpancingo, lo que hicieron el martes 12 desplazándose a través del transporte público.

Durante su desplazamiento por la ruta Ayutla-Tecoanapa-Las Mesas-Tierra Colorada, ambos dirigentes se mantuvieron en contacto con el esposo de Obtilia, Cuauhtémoc Ramírez, quien los esperaba en Chilpancingo. Pero nunca llegaron.

Cuauhtémoc Ramírez, también fundador y dirigente de la OPIM, dijo haber perdido contacto con ambos a las 07:20 del martes cuando se suponían que estaban llegando a Tierra Colorada.

Fue entonces que el dirigente dio aviso a diferentes organismos de promoción y defensa de derechos humanos que comenzaron a reclamar su búsqueda ante los gobiernos federal y estatal.

El operativo de búsqueda fue ordenado por el gobernador Héctor Astudillo, que desplazó a cientos de policías estatales, ministeriales y personal civil de la administración, pero sin resultados.

El jueves 14 unas 400 personas del gobierno popular de Ayutla se organizaron en caravana para buscar a los desaparecidos. Lo primero que hizo la caravana fue recorrer la ruta utilizada por los dirigentes entre Ayutla, Tierra Colorada y Ocotito, buscando en los paraderos de taxis colectivos para averiguar si alguien los había visto.

A la búsqueda se sumaron más de 20 organizaciones de derechos humanos y colectivos que reclamaron la intervención de las autoridades federales, especialmente la Fiscalía General de la República, con el fin de localizar a los dirigentes desaparecidos.

Entre las instituciones que reclamaron la aparición con vida de los líderes indígenas figuran al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional (AI). También se sumaron decenas de policías comunitarios que comenzaron a “peinar” las inmediaciones de Tierra Colorada y El Ocotito en busca de esas personas.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera emitió un pronunciamiento ni ordenamiento alguno para conocer el paradero de los desaparecidos. Parece ser que el gobierno federal ni siquiera se percató que habría un reclamo diplomático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en caso de que los activistas indígenas nunca aparecieran, como era el temor.

Fue el sábado 16 cuando finalmente aparecieron en perfectas condiciones de salud en la cabecera municipal de Tierra Colorada. Queda pendiente que las fiscalías local y federal emitan sus conclusiones sobre lo que pudo pasar con los líderes Me Phaa, es decir, saber si estaban cautivos y quién los tenía.