Ordena Corte de Constitucionalidad de Guatemala, garantizar a Bernardo Arévalo, asumir la presidencia

José Manuel Reyes Camero

*También, a  Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala y 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento electos

*Así como, salvaguardar el orden constitucional y el estado constitucional de derecho

*Y, bajo apercibimiento de incurrir, en caso de incumplimiento, en responsabilidades civiles y penales –señaló la Corte

En jueves 14 de diciembre del 2023, ordenó la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, garantizar el opositor Bernardo Arévalo, la toma de protesta como presidente electo, al acoger un recurso de amparo, contra las maniobras de la Fiscalía General, orientadas a impedir, que en 14 de enero asuma el poder.

La instancia judicial máxima del país, al Congreso decidió conminar, a garantizar –conforme los derechos de oficialización y validación de resultados– la toma de posesión efectiva, de todo funcionario electo en el proceso comicial de 2023, se indicó en un comunicado, tras emitir su fallo, sobre el recurso presentado en octubre, por un grupo de abogados y ciudadanos que, de obstáculos judiciales pedía despejar, el ascenso de Arévalo al poder.

La resolución, dictada a un mes del cambio de mando, protege también la toma de posesión de Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala y de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento del país centroamericano, electos en este año en las urnas.

La Corte declaró que este tribunal, por las acreditadas circunstancias y siendo el oportuno momento para salvaguardar en Guatemala, el orden constitucional y el estado constitucional de derecho, el amparo definitivo decidió otorgar.

En octubre, un amparo provisional había dictado el máximo tribunal, pero en lunes, abogados y ciudadanos, encabezados por el constitucionalista Édgar Ortiz, una debida ejecutoria pidieron, luego de que el pasado viernes, presentara una investigación la fiscalía, que imputaba anomalías en las elecciones, por lo que consideraba que debían declararse nulas.

Se emiten estas disposiciones, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, en las correspondientes responsabilidades civiles y penales, incurrirán los responsables –señaló la Corte.

Aunque ordenó garantizar la transición, señaló  el órgano judicial, que su fallo es, sin perjuicio de las facultades de investigación y acusaciones, que al Ministerio Público y los jueces del orden penal corresponden.

De paralela manera, a la Corte Suprema, solicitó el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche, levantar la inmunidad de Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que, por presuntas ilegalidades en los comicios, sea investigada.

Además, de obstaculización a la acción penal, acusó Curruchiche a Alfaro, por agredir a fiscales, durante un allanamiento a oficinas del TSE en septiembre, cuando varias cajas con material de los comicios, fueron requisadas.

En tanto, una resolución no vinculante, en mismo jueves 14, aprobó el Parlamento Europeo, que contra los responsables pide la adopción de sanciones, por la tentativa de golpe de Estado en Guatemala. (Con información internacional)