Aprueban senadores, reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar y la envía al Presidente de México

Sesión legislativa del 25 de abril del 2024, en el Senado de la República. Foto: Cámara de Senadores.

José Manuel Reyes Camero

Ya se encuentra en la Presidencia de la República, la reforma a diversos ordenamientos legales, tendientes a crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

En viernes 26 de abril del 2024 le fue remitida, después de haber sido aprobada en el Senado de la República en maratónica sesión, iniciada un día antes y prolongada hasta la madrugada siguiente.

A partir de que, en el Diario Oficial de la Federación, publique esa reforma el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá un plazo de hasta 60 días, para emitir un decreto en que regulará la operación del fideicomiso, constituido en el Banco de México por la Secretaría de Hacienda, que 40 mil millones de pesos habrá de recibir e invertir, producto de cuentas de trabajadores de 70 años e inactivas durante más de 10, que en las Afore ahora están, además de otros ingresos; entre éstos, 75 por ciento de los recursos obtenidos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), los que de la liquidación de la Financiera Rural se obtengan, y las ganancias de Mexicana de Aviación y el Tren Maya.

Durante la discusión celebrada por la madrugada del viernes 26 en el Senado, una veintena de reservas presentó la oposición para cambiar el articulado, el transitorio segundo entre otros, con el fin de que de 120 días sea el plazo, para concretar la entrega de los 40 mil millones al fondo y, a los titulares de las cuentas exhaustivamente se busque en ese lapso, lo cual fue rechazado por Morena y sus aliados.

La controvertida reforma, concluyó su proceso legislativo después de un debate ríspido de nueve horas y pese a la estrategia de los opositores de hacer tiempo e intentar romper el quorum durante la discusión sobre reservas a diversos ar­tículos de la Ley Federal para los Trabajadores del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), entre otros.

Contra lo reiterado por senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) y del Grupo Plural, de que a fin de destinarlo a campañas electorales, los ahorros para el retiro de los trabajadores, confiscará el gobierno federal, al dictamen remitieron legisladores de Morena, en el que se establece que sólo podrán utilizarse los recursos de ese fondo para complementar pensiones, que en cualquier momento podrán exigirlos los dueños de las cuentas y que, sin necesidad de recurrir a mandato judicial, se les reintegrarán con los intereses generados.

Sin embargo, insistió la priista Beatriz Paredes Rangel, en que como objetos se considera a millares de trabajadores y se les engaña y confisca sus ahorros, sin garantizarles que a pensiones se destinen los recursos, debido a la falta transparencia.

Que de mentiras y engaños se trata, con el fin de defender a los dueños de las Afores, respondieron César Cravioto, Napoleón Gómez Urrutia, Mónica Fernández y Omar Holguín, ya que sólo para un fin se pueden tocar esos recursos, que es mejorar el nivel de vida de millones de mexicanos. Si prefieren que con ello, se sigan beneficiando los banqueros y las Afore, ¡díganlo! –expuso Ernesto Pérez Astorga, senador guinda.

Insistieron los morenistas, en que se establece en la Ley del SAR, la obligación de las Afore, a emitir en los estados de cuenta de sus afiliados, que los recursos de cuentas inactivas, pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

De sorpresiva manera, la senadora Alejandra León Gastélum –que desde hace tres años, dejó las filas de la 4T y a Morena regresó–, fue una de las últimas oradoras en defender el dictamen y sostener que con una pensión digna, a 28 millones de trabajadores se beneficiará.

Entre el júbilo de los senadores de Morena y sus aliados, casi a la una de la madrugada, al Ejecutivo federal remitió el decreto Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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