Usa AMLO a unos padres para dividir al movimiento de Ayotzinapa: Vidulfo

El 29 de julio la presidenta de la República electa Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con las madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Don se comprometió a poner toda su voluntad para dar seguimiento a la búsqueda de la verdad, la justicia y encontrar a sus hijos. Fotos: Especial

* El Presidente defiende al Ejército ante su falta de resultados, asegura

* Integrantes del comité de familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, rechazaron la búsqueda que hace algunos días emprendieron algunos deudos en las instalaciones del 27 batallón de infantería, acantonado en esa ciudad

Rafael Solano

Entrevistado por la agencia Apro, el abogado del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho crecer a un pequeño grupo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2024 coordinador por el exvocero del movimiento, Felipe de la Cruz, para legitimar su estrategia de lavarle la cara al Ejército ante su responsabilidad en la desaparición.

Rosales Sierra, consideró que el papel de Felipe de la Cruz y un grupo disidente de padres es fragmentar la unidad de la mayoría de los papás de las víctimas. Y reveló que la búsqueda en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, hecha el miércoles 31 de julio, surgió de manera espontánea por parte del mandatario en la reunión del 29 de julio en Palacio Nacional.

En la última reunión, dijo, el debate estaba en ese momento por el testigo que señaló que los 25 estudiantes fueron ingresados al batallón.  “Y de pronto dijo el presidente: ‘Pues bueno, hagamos una diligencia. Nosotros como gobierno la vamos a hacer y ya, si puede ir un grupo de ustedes, que vaya. ¡Arturo (Medina Padilla), encárgate de eso!’”, según el abogado del caso.

Agregó que el testigo protegido (de acuerdo con un polémico libro de Anabel Hernández) hizo alusión que 25 normalistas fueron ingresados, pero su presencia fue temporal en el batallón. El testigo declaró que ahí fueron torturados, pero después fueron sacados.

“Entonces por qué tendríamos que buscar ahí en el batallón, qué objetivo tendría ir a buscar si ya se hizo en el año 2019, sin resultados”.

Recalcó: “La acción del gobierno es una situación desesperada y de distracción que pretende limpiar la imagen del Ejército hoy acusado y señalado de haber participado en la desaparición”.

Rosales Sierra, consideró que un grupo de cuatro padres de las víctimas está siendo utilizado por López Obrador para legitimar su estrategia de defender al Ejército y su gobierno ante la falta de resultados.

“Primero, el gobierno lo ha hecho crecer, le ha dado mucha legitimidad, incluso más que a los demás padres, incluso que a la representación legal que está acreditada y que en los expedientes judiciales están autorizados para participar en cualquier reunión, porque se trata de análisis de expedientes, de analizar el caso”.

Y cuestionó: “A Felipe (de la Cruz) se le permite una diligencia. ¿Por qué?, ¿él es padre de uno de los 43?, ¿tiene una acreditación legal dentro de los expedientes para estar participando en estas reuniones?”. Dijo que ese grupo de padres no existía, el gobierno lo ha hecho crecer.

Recordó que ese grupo de padres fueron expulsados del movimiento porque se esclarezca la desaparición de los 43 normalistas porque participaron en una marcha para defender al exalcalde de Iguala José Luis Abarca, preso por delincuencia organizada.

El papel de Felipe de la Cruz, dijo el abogado, hoy en día es fragmentar la unidad de los padres de familia. “Su único papel es dividirnos y el gobierno le ha dado el empoderado a este grupo. Es una prueba que se está usando a algunas de las madres y padres de familia para deslindar al Ejército”.

El defensor legal insistió en que es un acto mediático, más que efectivo. “Decir: ‘Mira, aquí estamos buscando y está participando el Ejército’”.

Como abogado no fue notificado de la diligencia. Consideró que las búsquedas en campo han sido permanentes y son más objetivas.

“Tienen más razón de ser esas búsquedas y son apoyadas; tenemos un representante permanentemente en esas búsquedas que son en base a informantes y testigos colaboradores que refieren a donde fueron llevados los estudiantes.

“Esas búsquedas tienen más lógica, son apoyadas por madres y padres. Y está (la búsqueda en el batallón) no. Esto solo es un show”, finalizó.

Atizar la división

En la Ciudad de México, integrantes del comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, rechazaron la búsqueda que realizan algunos padres en las instalaciones del 27 batallón de infantería con sede en Iguala.

En un posicionamiento señalan que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con otras autoridades y unos padres de familia iniciaron una búsqueda en las instalaciones del 27 batallón de infantería con sede en Iguala y esa diligencia “fue decidida de manera unilateral por el presidente en la reunión que sostuvimos en días recientes. Frente al señalamiento de un testigo que afirma 25 estudiantes habrían sido detenidos e ingresados al 27 batallón de infantería y posteriormente entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos en una colonia de Iguala Guerrero, el presidente dio instrucciones al subsecretario de derechos humanos para que se hiciera una búsqueda”.

Los familiares subrayan que esta decisión no fue consultada; por el contrario, no se les permitió hablar para manifestar su oposición a tal diligencia. “En efecto, esa búsqueda en el 27 batallón ya se realizó en 2019 sin éxito alguno, por otro lado, ningún caso tiene buscar allí, no existe dato de prueba que establezca que los estudiantes fueron inhumados en fosas en este lugar.

Más bien, es una acción desesperada del gobierno para limpiar la imagen de un Ejército que tenía vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y que la noche del 26 de septiembre del 2014 se colocó del lado de los perpetradores.

“Por lo demás, la asistencia de un grupo minoritario de familiares confirma la pretensión del gobierno de atizar la división y usarlos para legitimar sus acciones, reprobamos estas prácticas añejas de gobiernos autoritarios del pasado que ahora se reeditan”, concluye el comunicado.

Pacto de silencio

El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014 hay “mucho enredo, muchos intereses y estamos buscando la forma de esclarecer todo y hay, desde luego, un pacto de silencio mafioso y estamos enfrentando eso con apego a la verdad”.

Este viernes 2, el presidente confirmó que se desplegó en Guerrero una jornada de tres días de búsqueda en la región Norte, encabezados por personal de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Y afirmó que en su gobierno “estamos dedicados en estos últimos días a buscar a los jóvenes y tenemos que buscarlos por todos lados, estamos incluso hablando con quienes están detenidos, quienes fueron liberados indebidamente, porque está demostrado que participaron en la desaparición de los jóvenes y estamos hablando con ellos para pedirles que nos ayuden. Se aprobó una ley de Amnistía y vamos a ayudar a quienes nos den información, eso estamos haciendo todos los días y eso es lo que más importa”.

Volvió a reiterar que el caso se ha politizado y que se quiere culpar al Ejército de la desaparición pero “nosotros no hemos encontrado ninguna prueba de que el Ejército haya actuado en la desaparición de los jóvenes”. Los militares que están señalados “están en la cárcel y eso no lo había hecho ningún gobierno o mejor dicho, no lo había hecho el gobierno anterior y los que están señalados están en la cárcel, creo que son 17, unos en la cárcel, otros bajo proceso, pero con juicios y eso no pasa en ningún lugar del mundo”.

Afirmó que los centros de derechos humanos “Miguel Agustín Pro” y “Tlachinollan” (asesores del comité de madres y padres de los normalistas desaparecidos) y algunos periodistas, son los que insisten que fue el Ejército. “Claro que (fue) el Estado, sin duda, porque participaron autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales que querían darle carpetazo al asunto con la llamada verdad histórica; que habían concentrado a los jóvenes y una cosa horrorosa, que los habían quemado en el basurero y habían tirado sus restos a un río, pero se demostró que era falso”.

Acusó: “¿Qué tratos tienen con las autoridades locales de Guerrero para desviar la atención y orientar todo al Ejército y ya no seguir hablando de las autoridades locales?; el (ex) presidente municipal de Iguala (José Luis Abarca Velázquez) ya no está acusado de la desaparición de los jóvenes, está acusado por otros delitos y así otras autoridades y ya todo es: ‘Fue el Ejército, fue el Ejército’ y eso nos genera desconfianza”.

Aseveró que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas hay “mucho enredo, muchos intereses y estamos buscando la forma de esclarecer todo y hay desde luego, un pacto de silencio mafioso y estamos enfrentando eso con apego a la verdad”.

Afirmó que no está “para encubrir, convertirme en cómplice; no me eligieron para eso, además, en el caso de que se demuestre que son soldados los que desaparecieron a los jóvenes, ¿por qué vamos a ocultarlo? En el supuesto que hayan sido soldados, esos 17 soldados detenidos no se ha comprobado que estén involucrados, están (bajo proceso) por omisión y por posible vinculación con la delincuencia organizada, pero están ahí”.

Volvió a llamar a quien esté preso y tenga información del caso que la proporcione y tendría beneficios por la ley de Amnistía, para concluir con una revelación: “Ya tenemos una idea (de lo que sucedió), pero sin los jóvenes no podemos sostener una versión. Podemos decir pasó esto y ¿dónde están?, eso es lo que más importa y les dije a los padres que es un asunto que no se puede cerrar, es un expediente abierto”.