Avala Consejo de la Judicatura Federal en México, paro de juzgadores y empleados, con pago de sueldos

*Deben cumplir con su trabajo de impartir justicia: Consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Celia Maya García y Eva Verónica de Gyvés Zárate

José Manuel Reyes Camero

En viernes 23 de agosto del 2024, avaló el pleno del Consejo de la Judicatura, por cuatro votos contra tres, la postura de Norma Piña Hernández, su ministra presidenta y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de considerar que un derecho de jueces y magistrados, es el paro de actividades en los órganos jurisdiccionales, rechazándose la propuesta, de que las actividades se debían reactivar.

Anunció la Judicatura que se realizan acciones, con el fin de entablar comunicación con los representantes de los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y con la directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), que un canal de comunicación con los integrantes de la próxima legislatura del Congreso de la Unión permita impulsar y distender la situación de hecho, que en los órganos jurisdiccionales prevalece.

Que al terminar una sesión privada de más de tres horas, los votos de los consejeros Sergio Javier Molina Martínez, Lilia Mónica López Benítez y José Alfredo Montalvo Martínez, se sumaron a la postura de Piña Hernández –señalaron fuentes del Poder Judicial.

Los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Celia Maya García y Eva Verónica de Gyvés Zárate, estuvieron entre quienes se manifestaron, a favor del reinicio de actividades y poner fecha límite al paro.

Mientras que, el pago de salarios no se suspendiera a quienes en paro se encuentran, validaron la ministra Piña y los consejeros Molina Martínez, López Benítez y Montalvo Martínez,

De manera conjunta, una circular formularon los integrantes de la Judicatura, en la cual reiteran que, de las notificaciones que han realizado los titulares de juzgados y tribunales informando del paro, han tomado conocimiento.

Asimismo, supuestamente ante situaciones similares –aunque es la primera vez que, de manera indefinida, detienen labores los órganos que integran el CJF–, indican que, refrendan el derecho de manifestarse pacíficamente y dentro del marco legal, de todas las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, interpretando la luz de los principios constitucionales que rigen la labor jurisdiccional, entre ellos, la continuidad de la función pública de impartición de justicia, que la Constitución nos mandata.

Externaron los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya y Eva Verónica de Gyvés, su disentir de lo señalado por la mayoría de los consejeros, porque proponían ellos:

Ante el proyecto de reformas al Poder Judicial y frente a la propuesta de que electas sean las personas juzgadoras, derecho tienen los servidores públicos del PJF, a agruparse, expresar sus opiniones y a defender sus derechos.

Pero –explicaron– deben ejercer estos derechos, en los términos y con los límites del artículo 9 constitucional, en forma pacífica, con respeto y sin violar las normas vigentes.

Por tanto, no pueden negarse a cumplir con su trabajo de impartir justicia y ésta no puede paralizarse ni restringirse.

Estableciendo que al CJF corresponde que se preste el servicio de justicia en los términos del ar¬tículo 17 constitucional y si se interrumpe el servicio, actuar en consecuencia aplicando las leyes vigentes, es obligación del consejo.