Políticamente Incorrecto: Es cierto, Abelina no es el Fiscal

Roberto Camps

En los últimos meses, Acapulco ha sido testigo de una ola de violencia que ha dejado profundas cicatrices en la población. Ante este panorama, la alcaldesa Abelina López ha sido blanco de duras críticas. No obstante, es necesario poner las cosas en perspectiva: la seguridad y la lucha contra la violencia son responsabilidades compartidas entre los tres órdenes de gobierno.

Es cierto, Abelina no es el Fiscal, y aunque es la figura más visible, no es la única responsable de la creciente inseguridad.

La impunidad es la madre de la violencia, y cuando los delincuentes no son castigados, se crea un círculo vicioso.

El municipio puede —y debe— tomar medidas preventivas, pero la persecución de los delincuentes recae directamente en la Fiscalía.

En este sentido, la alcaldesa tiene razón al afirmar que su papel no es investigar o detener a los criminales. Esa es una tarea de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Zipacná, quien, paradójicamente, se mantiene en un bajo perfil mientras la violencia escala.

El recorte presupuestal que la federación ha aplicado en programas de prevención del delito también es un factor determinante.

Sin recursos suficientes, las municipalidades, como Acapulco, están debilitados para implementar políticas de prevención efectivas. Este es un punto que se ha pasado por alto en el debate público, pero es crucial: los municipios han sido despojados de las herramientas necesarias para atacar de raíz los problemas de seguridad.

Además, la seguridad no es solo un problema local. El gobierno estatal y federal también tienen un papel vital que cumplir. La Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina operan en Acapulco, pero su efectividad ha sido puesta en duda por los ciudadanos.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental, pero en la práctica, esta colaboración no da resultados porque es ineficaz.

Es claro que el fiscal Zipacná debe salir de las sombras. Su baja exposición y falta de respuestas concretas ante los incendios y los hechos delictivos en Acapulco son preocupantes.

Partidos políticos ya exigen que comparezca ante el Congreso de Guerrero para rendir cuentas de su gestión.

Los problemas de inseguridad requieren acción inmediata, y no solo desde el municipio. El papel de la Fiscalía es ineludible, y la sociedad demanda que asuma la responsabilidad que le corresponde.

Pero no podemos ignorar que la ciudadanía también tiene un papel fundamental en esta crisis.

Los guerrerenses tienen mucho que aportar para mejorar la seguridad en su propio entorno. Se necesita una sociedad más consciente de su rol, no solo como víctima, sino también como parte activa en la solución.

La violencia que sufrimos no viene de fuera; son guerrerenses quienes hacen daño a otros guerrerenses, lo que hace eco de la vieja máxima de Thomas Hobbes: “El hombre es el lobo del hombre”.

Esta realidad nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad. La participación ciudadana en la denuncia de delitos, en el apoyo mutuo y en la exigencia de justicia es vital.

Sin la colaboración de la sociedad, cualquier esfuerzo de las autoridades será insuficiente. La ciudadanía debe ser más activa y exigir no solo resultados, sino también asumir su propio papel en la reconstrucción del tejido social.

La desconfianza hacia las instituciones de seguridad es comprensible, pero el silencio y la indiferencia solo alimentan el ciclo de impunidad y violencia.

El combate a la delincuencia no puede ser un esfuerzo aislado de las autoridades, sino una tarea conjunta donde cada ciudadano tiene la capacidad de contribuir, ya sea denunciando, organizándose o exigiendo cuentas claras.

La violencia que asola a Acapulco y a otras partes de Guerrero es un reflejo de un problema más profundo: la descomposición social. Por tanto, mientras sigamos enfrentando este conflicto entre guerrerenses, mientras el lobo siga cazando a su propia manada, será imposible encontrar una solución definitiva.