Senado recomienda Astudillo por desplazados en Guerrero

* Lo exhorta a que aplique los protocolos necesarios para prevenir el desplazamiento forzado.

* También le fue solicitado un informe sobre el presupuesto ejercido por el Fondo Estatal de Contingencia, desde su creación hasta noviembre de 2018.

* El Senador Manuel Añorve votó a favor de la recomendación al mandatario guerrerense.

El Senado de la República exhortó a las Secretarías de Gobernación y de Protección y Participación Ciudadana, para que otorguen ayuda de alimentación y alojamiento a las víctimas de desplazamientos internos por delitos federales en los estados donde se presentan altos índices de inseguridad.

E incluyó una recomendación al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, para que aplique los protocolos necesarios para prevenir el desplazamiento forzado interno en dicha entidad. También fue solicitado un informe sobre el presupuesto ejercido por el Fondo Estatal de Contingencia, desde su creación hasta noviembre de 2018.

El dictamen, fue una propuesta de la Senadora por Guerrero, Nestora Salgado García, quien durante su intervención para votar a favor del dictamen el pasado 4 de abril, mencionó que el desplazamiento forzado interno en nuestro país, es un fenómeno creciente y sistemático que se deriva de múltiples causas, y que genera diversas violaciones a los derechos humanos de personas y comunidades, “ya sea como consecuencia de desastres o fenómenos naturales, la imposición de proyectos de desarrollo, la actividad de la delincuencia organizada, la resistencia a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos, la actividad periodística, la libertad de expresión o bien como consecuencia del acoso directo a la omisión o a las propias autoridades”.

Puntualizó que los desplazados huyen de sus hogares, ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones a sus derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia o bien como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.

Lo que ha generado una evasión de responsabilidades de las autoridades administrativas y judiciales en todos los niveles de gobierno, por lo tanto, existe una escasa o nula política pública que busque, por lo menos, reconocer y atender el desplazamiento interno forzado en nuestro país.

En este mismo sentido, refiere la Senadora Nestora Salgado que de acuerdo a datos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de Promoción de los Derechos Humanos, “señala particularmente que Guerrero es uno de los estados con mayor número de personas desplazadas de manera forzada, en lo cual se registran siete mil eventos masivos, que representan el 24 % del total anual, con una población afectada de mil 650 personas”.

Por lo que consideró, que es necesario reconocer a su más alto nivel el fenómeno, así como realizar un diagnóstico para establecer sus causas, definir las necesidades de las y los desplazados, y difundir sus derechos. “Esto, con la finalidad que se adopte una política nacional y las medidas tendientes a prestar una respuesta conforme a los estándares internacionales en la materia, en particular los principios rectores de desplazamiento interno”.

Y estimo conveniente que el Senado, debe colocar el desplazamiento interno forzado como un asunto prioritario en su agenda.

Vulnera el derecho de las personas

Cabe señalar que el desplazamiento forzado interno es una práctica generalizada. En 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo, impactando en al menos 23 mil 169 personas, y 12 entidades: Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En Guerrero, por ejemplo, las regiones de Tierra Caliente, Zona Norte, Centro, parte de la Costa Grande y Acapulco, han incrementado el número de casos de desplazamiento forzado de familias, amenazadas por grupos de la delincuencia organizada.

La mayoría de los desplazados son niños, mujeres y adultos mayores de los municipios de Leonardo Bravo, Apaxtla, Técpan, Coyuca de Catalán, Tlaltempanapa y Ayutla, debido a un problema generado por la lucha de territorios entre grupos rivales de grupos del crimen organizado.

Al presentar el dictamen, el senador Samuel García Sepúlveda, de MC, subrayó que dicho fenómeno ha vulnerado los derechos de las personas porque tienen que abandonar sus lugares de residencia.

Manuel Añorve votó a favor 

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, votó a favor del dictamen propuesto por la Senadora Nestora Salgado y  llamó a continuar con la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad, atender las consecuencias de la violencia y a las víctimas de delitos.

Aplaudió que el Senado de la República asuma su papel de garante del federalismo, y coadyuve con los órdenes estatales en beneficio de la población.

Mencionó que el desplazamiento forzado es una problemática generalizada en distintos estados del país, como Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas “y, por supuesto, Guerrero”.

 Y abundó: “El dictamen que hoy discutimos consta de cuatro resolutivos, por supuesto que el primero es un resolutivo a revisar una normatividad local en materia de desplazados, cuestión en la que coincidimos porque siempre es perfectible el marco jurídico, pero también es necesario que sigamos trabajando para fortalecer, como ya lo dije, la colaboración de las autoridades federales competentes, y las estatales”.

Referente al Fondo Estatal de Contingencia, Manuel Añorve mencionó que el Fondo Estatal de Contingencia se han venido aplicando de manera “directa, puntual, así que los datos en los números que se señalan se han dado a la Comisión Mexicana de Defensa y Proposición de los Derechos Humanos para dar cuenta del número de desplazados que se tienen en Guerrero, en Chiapas, en Sinaloa, en Oaxaca, ahí están los datos estadísticos que se han enviado de manera muy puntual de cada uno de los estados del país”.