Acciones armadas

* Va el FUPCEG por los jefes del crimen organizado, respaldados por más de 9 mil policías comunitarios

*Hacen alianza estratégica con el FUPCEG, FUSDEG y CRAC-PC, para no permitir en territorio comunitario de la Guardia Nacional 

A partir de esta semana comenzarán acciones armadas para combatir a la delincuencia por parte miles de hombres del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), que de esta manera refrendó su ultimátum a las autoridades federales y estatales para detener a los jefes del crimen organizado.

Con ello, el FUPCEG cumplirá su compromiso público de combatir frontalmente a la delincuencia que mantiene asoladas a poblaciones enteras, incluida la capital del estado de Guerrero, dijeron sus voceros.

Esas acciones armadas, que se llevarían a cabo en el perímetro de Chilpancingo o donde se encuentren escondidos los capos de la delincuencia, se implementarán de acuerdo con información y planes operativos de los más de 9 mil policías comunitarios que integran esa organización que surgió a la luz pública el 11 de noviembre pasado, cuando irrumpieron en la comunidad de Filo de Caballo.

Lo anterior fue anunciado en una rueda de prensa por voceros del FUPCEG con respaldo de consejeros del Frente por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y del Consejo Ciudadano de Marquelia, quienes anunciaron una alianza formal para combatir al crimen.

Esta alianza de autodefensas refrendó su postura anunciada el mes pasado, cuando anunciaron un plazo de 30 días para que el gobierno del estado pacifique la ciudad capital y proceda a detener a los capos del crimen organizado, en especial a Isaac Navarrete, supuesto líder del llamado Cártel del Sur, con quien mantienen una cruenta disputa por el control del territorio en la parte central de la Sierra Madre.

El 22 de febrero pasado, los dirigentes del FUPCEG establecieron un plazo de 30 días a las autoridades estatales y federales para aprehender a los capos del crimen organizado o, advirtieron, sus policías comunitarios comenzarían a actuar.

En esa ocasión inclusive informaron que, en una fecha no especificada, unos 6 mil comunitarios ingresarían en marcha armada a la capital guerrerense para proceder a la captura de los delincuentes e incluso hicieron un llamado a las corporaciones federales y estatales a no intentar detenerlos, porque sus elementos “tienen orden de disparar”.

En la conferencia, ofrecida en la cabecera municipal de Juan R. Escudero, los dirigentes anunciaron una alianza de todas estas organizaciones con las cuales totalizan un estado de fuerza de 11 mil 700 hombres en armas con representación de más de 800 comunidades y presencia en 39 municipios del estado de Guerrero.

La conferencia fue ofrecida por Salvador Alanís Trujillo, Belester Herrera Rojas, Sabás Aburto Espinobarros, Salvador Catalán Barragán y Luis Ortiz Donato, con la representación del FUPCEG, FUSDEG y CRAC-PC.

Los voceros de esta alianza de autodefensas rechazaron la eventual incursión en territorio comunitario de la Guardia Nacional recién aprobada por el Congreso de la Unión, a la que conminaron a establecer una coordinación con las policías comunitarias para combatir el crimen y la violencia.

Del mismo modo, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la cancelación de las concesiones mineras que entregaron gobiernos anteriores a consorcios mineros extranjeros, lo que involucra amplias porciones del territorio nacional.

Asimismo exigieron una revisión profunda del artículo 14 constitucional así como la Ley 701 con el fin de establecer un marco regulatorio que reconozca la existencia y operación de las diversas agrupaciones de policías comunitarias emanadas de acuerdos de asambleas populares.

En el mismo sentido, ese marco regulatorio deberá someter al orden y desarmar si es posible a los grupos de civiles armados que no respondan a los intereses de las asambleas comunitarias en las diferentes regiones del estado de Guerrero. En apariencia, el exhorto se refiere a los grupos de supuestos policías comunitarios que se auto eligieron para ofrecer seguridad a los pueblos de la zona rural del estado.

Esos grupos de supuestos policías comunitarios son fácilmente infiltrados por la delincuencia o controlados por caciques políticos, lo que pervierte el objetivo original de ofrecer seguridad a sus comunidades de origen.

Los voceros de las cuatro formaciones de guardias comunitarias demandaron la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la liberación de los 17 presos del Consejo de Comunidades contra la Parota (CECOP) detenidos el año pasado y la cancelación definitiva del proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota.