Astudillo nuevamente recomendado por la CNDH

En menos de 15 días, el gobernador del estado, Héctor Antonio Astudillo Flores recibe dos recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la primera de ellas el pasado sábado 19 de octubre, con el número 87/2019 por un caso de tortura, y la segunda, fue el pasado 31 de octubre, cuando el propio “Ombusperson”, Luis Raúl González Pérez, detalla en la presencia del mandatario estatal,  un “Informe Especial” sobre la situación que en materia de personas desaparecidas y delitos vinculados impera en el municipio de Chilapa de Álvarez.

De acuerdo a lo informado por comunicación social del gobierno del estado, ambas recomendaciones han sido aceptadas, “Porque en la medida en la que se acaten, nos ocuparemos de que los episodios de desaparición de personas no se repitan en Guerrero”, habría dicho el gobernador Astudillo.

Pero que es lo que realmente no se ha dicho de esta visita del titular de la CNDH a Guerrero, más allá de los elogios al funcionario y de asumir una postura de colaboración por parte del mandatario estatal, que en estos casos, no le quedaba de otra.

De entrada y de acuerdo al boletín que emite esta comisión, -por cierto, muy diferente al boletín oficial del gobernador-, Héctor Antonio Astudillo Flores, refiere:

– Que existen problemas estructurales los cuales son determinantes para que proliferen delincuencia y delitos de alto impacto en Guerrero, y en Chilapa la búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas siguen pendientes

– Señala, que expresar públicamente un compromiso con el respeto a los derechos humanos no es suficiente, pues tiene que haber acciones y resultados, y revela que mientras la probabilidad de esclarecimiento de un delito en México es de 1.3%, en el estado de Guerrero dicha probabilidad es de .02%, es decir que solo uno de cada 500 delitos en esta entidad se esclarece.

Pero además,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el contexto económico, social y cultural en el estado de Guerrero ha sido determinante para la proliferación de la delincuencia y los delitos de alto impacto, ya que su ubicación geográfica, conjugada con la omisión y el incumplimiento de los derechos humanos a la salud, trabajo, educación y seguridad pública, entre otros, lo convierte en zona estratégica para el cultivo, distribución y trasiego de enervantes, lo cual ha generado enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, dejando a su paso un considerable saldo de víctimas.

“Para este Organismo Constitucional Autónomo, el antagonismo entre las agrupaciones delictivas y la falta de respuesta eficaz de las autoridades de los tres niveles de gobierno ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos de la población, como es el caso de las personas desplazadas en Guerrero que 84% de ellas se vio obligado a dejar su comunidad debido a la situación imperante de violencia y delincuencia”, como se consignó en el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno de la CNDH.

* Un trabajo profundo sobre este tema, estará en nuestra versión escrita próximamente.