El “Deivy” objetivo prioritario, en Guerrero no lo molestaban

* Lo detienen en Puebla y lo vinculan con el grupo criminal de Los Ardillos

* De nuevo, vinculan a comunitarios con maleantes

Aprehendieron en el estado de Puebla a un “objetivo prioritario” en materia del combate a la criminalidad, según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de aquella entidad, pero por años estuvo visible al frente de la Policía Comunitaria de El Ocotito José Deivy Barrientos. Colegas y pobladores bloquearon la carretera federal para exigir que lo liberaran un día después.

Según versiones que aluden a las autoridades federales del ramo, El Deivy, cuya policía comunitaria era parte de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero que dirige Bruno Plácido Valerio, está vinculado al grupo delincuencial Los Ardillos. Fue aprehendido el jueves 16 de febrero y el viernes subsiguiente, sus allegados bloquearon la vía que comunica a la capital con Acapulco.

Hace menos de un mes, realizó una marcha para festejar el noveno aniversario de la creación de esa modalidad policial en el poblado perteneciente al municipio de Chilpancingo. Una parte de la población de El Ocotito marchó portando pancartas con el mismo tipo de letra; por la tarde, una fiesta con alimentos y bebidas que se alargó hasta la noche del martes 24 de enero.

Tras detener a Deivy Barrientos y revisarlo, las autoridades poblanas “encontraron 62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre 380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”. El detenido, agrega el comunicado, es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal”, ya que está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero. Su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”.

Sin embargo, a ese objetivo prioritario nada le hicieron, ni las autoridades estatales ni las federales, cuando se apareció en público. No solo en la marcha del 23 de enero, sino también en anteriores eventos realizados por la UPOEG. Por si fuera poco, estuvo varios años al frente de la comandancia de la policía comunitaria en El Ocotito.

A inicios de agosto del año pasado, la Fiscalía General del Estado aprehendió a Plácido Valerio. De acuerdo con el comunicado de la dependencia estatal, por “robo específico y daños en agravio de diversas víctimas, hechos ocurridos en Tlapa de Comonfort en el año 2016”. Pero solo estuvo un día en la cárcel. El líder posteriormente acusó al gobierno de Guerrero de hostigamiento.

En octubre, se detuvo a un maleante con similares características que El Deivy que estaba integrado a la policía comunitaria de San Marcos, también de la UPOEG. Se le vinculó al grupo delictivo Los Rusos.

En ese contexto, productores de mezcal de Tixtla denunciaron que están siendo atosigados por parte “de la gente de seguridad” del municipio y ante la cercanía del tiempo de cortar leña y traer el maguey quieren que las autoridades de todos los niveles les ayuden.

Félix Moreno Peralta, vocero de los productores de mezcal, dio a conocer que ante la temporada para producir mezcal están pidiendo la intervención de los gobiernos estatal y federal, para que les den los permisos pertinentes para realizar su actividad.

Especificó que el hostigamiento es por parte de presuntos policías comunitarios, quienes les exigen 25 mil pesos para el traslado de leña o maguey.

Agregó, que son unos 50 productores de mezcal los que denunciaron que en este inicio de la temporada de destilación de maguey algunas personas armadas les piden a los productores dicha cifra para permitirles el traslado de leña o maguey.

Hay aproximadamente 25 fábricas de mezcal en el municipio de Tixtla, que producen alrededor de 30 a 35 mil litros cada año; alrededor de 300 personas viven indirectamente de esta actividad y unas 200 personas de forma directa.

Búsqueda y alerta

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), iniciaron una campaña para pedir a la población informes sobre el paradero de los policías comunitarios de Apaxtla de Castrejón y Tlacotepec desaparecidos desde el 23 de enero. Dos días antes, el sábado 21, policías estatales y militares desplegaron un operativo para retirar un campamento y retenes en las entradas a la cabecera municipal de Apaxtla y el acceso a Tlacotepec, con el argumento que esa acción era una medida preventiva contra la Policía Tecampanera de Teloloapan, encabezada por un presunto exintegrante del grupo delictivo Familia Michoacana, Juan Carlos Flores Ascencio.

El sábado 21 detuvieron a siete. Los detenidos fueron llevados al Ministerio Público de Coyuca de Catalán, pero fueron liberados el lunes 23. Ese día, los comunitarios decidieron no viajar hacia Teloloapan por la carretera Iguala-Altamirano y fueron trasladados en un vehículo tipo Urvan con chofer hacia el estado de Michoacán y desde esa fecha no se sabe nada de ellos.

A inicios de la semana transcurrida, la CDHEG inicio una campaña para solicitar información que permita localizar, a través del Programa de Desaparición Involuntaria de Personas de la Tercera Visitaduría General, a los policías comunitarios que no aparecen pero solo se emitieron las fichas de Juan Torres Rojas, Esteban Silva Delgado, Bernabé Aguilar Lagunas, Jorge Hernández Nave, Jorge Torres Ríos, Emelio Hurtado González, Carlos Hernández Navez. Siete y no ocho, como denunciaron las policías comunitarias de Apaxtla y Tlacotepec.

En la lista faltan las fichas de localización y búsqueda de Carlos Mosso Barragán y del chofer de la Urvan, Julio César Reyna Díaz. Se desconoce por qué no fueron tomados en cuenta.

En tanto, diputadas que integran la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se reunieron con integrantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de la ONU, con quienes dialogaron sobre las estrategias para evitar que niñas, niños y adolescentes sean reclutados por grupos armados, ya sea grupos delincuenciales o de policías comunitarias.

Las diputadas manifestaron el compromiso de hacer las adecuaciones legislativas correspondientes para garantizar los derechos de la niñez guerrerense y coincidieron en que se deben implementar de manera urgente estrategias de prevención para evitar que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas de ese tipo de grupos.

El oficial nacional de Protección a la Infancia, José Antonio Ruiz Hernández, y la especialista en Protección Infantil en México, Iune Baravalle, coincidieron en señalar que el objetivo del programa es entablar contacto con los Congresos de los estados para que realicen las reformas en materia de tipificación del delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Los especialistas mencionaron que el reclutamiento de niños por parte de grupos armados se da constantemente y cada vez a edades más tempranas, por lo cual es urgente hacer adecuaciones al marco legal para su prevención y erradicación.

Según una revisión a la hemeroteca, en 2020 y 2021, en zona conocida como Montaña Baja, en Alcozacán y Ayahualtempa del municipio de Chilapa y Hueycantenango, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) hizo marchar a decenas de niños de edades de los ocho a los 12 años portando rifles de bajo calibre, vestidos con uniformes verde olivo y en algunos casos, portando palos para simular que portaban armas largas.

Los menores de edad, además de marchar, hicieron maniobras para demostrar que contaban con el adiestramiento para utilizar rifles calibre 22. El argumento de los jefes de las policías comunitarias fue que en esa zona de los municipios de Chilapa y Huaycantenango muchos pueblos viven bajo el acecho del grupo delictivo Los Ardillos. Ante las críticas, posteriormente dirían que en realidad, los niños no saben manejar armas y que se trató de una marcha para llamar la atención a las autoridades estatales para que brinden seguridad.