El sacerdote Marcelo Pérez, apoyó a movimientos sociales contra caciques; el crimen organizado lo amenazó de muerte

*A caciques locales se enfrentó y frenó abusos y la venta de bebidas alcohólicas y distribución de drogas –agregó

José Manuel Reyes Camero

No sólo a predicar el evangelio se dedicó el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, sino que acompañó a movimientos sociales y, para defender a los más desprotegidos alzó la voz, por lo que, por parte de grupos de la delincuencia organizada, fue objeto de amenazas de muerte y agresiones constantes.

De hecho, la implementación de medidas cautelares a su favor, al Estado mexicano ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2015, cuando era párroco de Simojovel, en donde denunció a caciques de diversos partidos políticos, que controlaban el poder municipal.

En 17 de enero de 1974 en la comunidad Chichelalhó, municipio de San Andrés Larráinzar, estado de Chiapas, nació Marcelo Pérez Pérez. Era el tercero de 11 hermanos y Felipe Arizmendi Esquivel –entonces obispo de San Cristóbal de Las Casas–, en 6 de abril del 2002 lo ordenó como sacerdote.

Antes de ser enviado a Simojovel fue párroco en Chenalhó, en donde mantuvo cercanía con integrantes de la organización de la sociedad civil Las Abejas, a la que pertenecían, los 45 tzotziles masacrados por paramilitares priistas en 22 de diciembre de 1997.

Con caciques locales se enfrentó en Simojovel, logró con manifestaciones que se frenaran algunos abusos y la indiscriminada venta de bebidas alcohólicas, así como disminuir la distribución de droga, lo que provocó que fuera amenazado de muerte.

Para protegerlo, hace algunos años la diócesis le asignó la parroquia de Guadalupe, ubicada en San Cristóbal de Las Casas, en donde mantenía contacto con muchos grupos, de ambientalistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entre ellos, por lo que, para condenar su asesinato y exigir que se haga justicia, a la plazuela de Guadalupe acudió en domingo 20 de octubre del 2024 –fecha del asesinato del prelado–, un grupo de profesores de la región Altos.

Por su origen y trabajo pastoral, tenía cercanía con habitantes y grupos en municipios de los Altos como Pantelhó, en donde enfrentó a un grupo de poder político y económico, por lo que objeto de amenazas fue de nuevo.

El asesinato fue lamentado muchísimo en el mismo día de su muerte –domingo 20 de octubre del 2024–, por el ahora cardenal Arizmendi Esquivel, quien radica en Toluca, Estado de México. Dijo estar muy adolorido y anunció que a su sepelio iría.

Recordó que Marcelo, fue de los primeros sacerdotes indígenas, que en 2000 –después de su llegada a la diócesis–, ordenó como presbítero.

Expuso que siempre estuvo comprometido, con la paz y la justicia entre los pueblos originarios, sobre todo en Simojovel y acompañando a las víctimas de la violencia interna en Pantelhó.

Que en políticas partidistas nunca se metió –aseguró–, sino luchando siempre porque en las comunidades, en vida se hicieran los valores del reino de Dios. Son los valores de verdad y vida, santidad y gracia y justicia, amor y paz –detalló.

Sostuvo Felipe Arizmendi, que en las luchas internas por el poder político y económico de Pantelhó, Marcelo Pérez no se inclinó por un partido, sino por el respeto entre todos, por la defensa de los desplazados y por el diálogo entre las partes, para llegar a soluciones pacíficas.

Por otro lado, divulgó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que Pérez Pérez era un defensor de los derechos humanos, que durante años se dedicó a la lucha por la vida de los pueblos y a la construcción de la paz en Chiapas, así como a denunciar la violencia, que en el estado desde hace décadas se vive, de la que es responsable el gobierno mexicano –aseguró.

Añadió que a pesar de la solicitud de la CIDH, de que se implementaran medidas cautelares, aquiescente y omiso fue el gobierno mexicano, para atender las causas de fondo de las amenazas en su contra.

Y, por último, que el Estado mexicano, lejos de protegerlo lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y mediante una orden de aprehensión que estaba detenida, judicialmente lo persiguió. (Con información estatal)