Exhiben cochinero en la Fiscalía de Guerrero

El abogado Marco Antonio Maya Valle informó que son más de 800 las demandas laborales presentadas ante instancias laborales por despidos injustificados, además de que persisten las amenazas de que habrá más cesados. Foto: Marcial Campuzano.

* Por despidos injustificados masivos cierran agencias del MP y unidades de investigación policial, denuncian

* Señalan trabajadores despedidos a la fiscala Sandra Luz Valdovinos como la autora de la devastación

* Ha despedido sin justificación a más de 500 trabajadores con acusaciones falsas, dicen afectados

* Dejará la deuda más grande de la institución, sólo por el pago de millonarios laudos laborales

Marcial Campuzano

Trabajadores despedidos de la Fiscalía General del Estado, solicitaron al Congreso local que abra un juicio político a la fiscal Sandra Luz Valdovinos por el despido injustificado de más de 500 servidores públicos entre operativos y administrativos, que derivó en el cierre de agencias del Ministerio Público y de unidades de Investigación; también la acusan de asumir actitudes arbitrarias, autoritarias y prepotentes; así como de seguir militarizando a esa institución.

Los trabajadores despedidos alertaron, además, al gobierno del estado, que la teniente coronel investida de fiscala en Guerrero heredará a su sucesor o sucesora deudas millonarias por más de 800 litigios laborales que siguen su curso en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal Administrativo, así como carpetas de investigación inconclusas porque no avanzan los trabajos de investigación.

Los empleados despedidos por Sandra Luz Valdovinos protestaron la semana pasada fuera de la Fiscalía para dar a conocer los procedimientos que promovieron ante el Congreso y el gobierno del estado, para que cese el clima de amenazas y de hostigamiento que hay en esa área de procuración de justicia.

El abogado Marco Antonio Maya Valle informó que son más de 800 las demandas presentadas ante instancias laborales por despidos injustificados, que al paso del tiempo las resoluciones darán la razón al trabajador, con lo que la Fiscalía desembolsará millonarias sumas de dinero para el pago de laudos con la orden de reinstalar a los que fueron despedidos.

Con megáfono en mano, señaló que por amenazas de despidos o de ser cambiados de adscripción, los trabajadores activos de la Fiscalía no se suman a las manifestaciones de protesta, con lo que se violan sus derechos a manifestarse “porque la fiscal dice que la única que vale en Guerrero es su ley orgánica”.

“La fiscal nos corrió por corruptos, pero es la fecha en que a ningún trabajador le ha demostrado con pruebas que incurrió en actos de corrupción en el desempeño de sus funciones; nunca se nos notificó por escrito que hayamos incurrido en el delito que ellos manifiestan”, señaló.

Otros trabajadores fueron despedidos por no presentar exámenes de control y confianza, cuando no es protestad de éstos pedir que les hagan las evaluaciones, sino la institución, y aun cuando el personal militar que ella incorporó a la Fiscalía no ha cumplido ese requisito.

Dijo que es falso que el presupuesto de la Fiscalía se esté utilizando para pagar finiquitos a los trabajadores despedidos, como la fiscala aseguró a la gobernadora: “Hasta ahora nadie ha cobrado finiquitos, con lo que se está generando una deuda histórica en la fiscalía”.

Junto con otros despedidos solicitaron la intervención de la gobernadora del estado, porque los despidos siguen en la Fiscalía.

El abogado sostuvo que el personal militar que ocupa los espacios que dejaron los trabajadores despedidos tiene salarios de 60,000 y 80,000 pesos mensuales, además de que casi todos disponen de unos 30 escoltas con el apoyo de la Guardia Nacional.

Los fiscales establecidos en las regiones del estado tienen a su disposición un cuartel de escoltas entre agentes ministeriales y de la Guardia Nacional para cuidar su integridad física, dijo el abogado.

Manifestó su confianza en que los tribunales laborales les harán justicia por ser injustificados los despidos, y en que la gobernadora y el Congreso del estado actuarán para corregir las anomalías y las irregularidades en la institución dedicada a la persecución de los delitos.

Acusaron a la fiscala de violar los derechos humanos individuales y colectivos de los trabajadores, sobre todo por los despidos “sin respetar ningún tipo de garantías, ni los reglamentos que rigen la Fiscalía, además de que mantiene vigente una política de hostigamiento y de intimidación contra los empleados de la institución”.

Dijo que estarán atentos al procedimiento de juicio político que presentaron en el Congreso contra la fiscal Sandra Luz Valdovinos, para presentar las pruebas que sean requeridas.

Denunció que, por los despidos, hay en Guerrero muchas agencias del Ministerio Público cerradas y que lo mismo ocurre con unidades de Investigación, entre éstas las de secuestro, que están abandonadas, lo cual derivó en el incremento de la carga de trabajo para los trabajadores que están activos.

Marco Antonio Maya denunció que en seis ocasiones la fiscala lo cambio de adscripción: tres en la zona Norte y tres en la Costa Grande.

Recordó el incidente que tuvo la fiscala con un agente de Tránsito de Acapulco, quien por el hecho de mirarla fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, lo cual muestra la arbitrariedad de la funcionaria del estado.

El abogado calificó como catastrófico el trabajo de Sandra Luz Valdovinos, porque no hay avances en materia de investigación de delitos, con lo que la Fiscalía de Guerrero es de las más atrasadas del país. Dijo que “Guerrero ya no se encontraba en los primeros lugares en incidencia de delitos”, y que ahora ya ocupa los primeros lugares.