Legalización de drogas, solución para la paz: Santiago Roel

Pie de foto: En viernes 31 de mayo de 2019, unos mil 500 pobladores de las comunidades de Campo Morado, Pueblo Viejo y Agua Zarca, reunidos en la comunidad de Puerto Gallo –Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur–, pertenecientes al municipio de Heliodoro Castillo, cabecera en Tlacotepec, Guerrero, retuvieron a policías y elementos del Ejército Mexicano, en exigencia de la atención de los tres niveles de gobierno, a los problemas de sus comunidades. FOTO: Militares sin censura.

Semáforo Delictivo

En conferencia de prensa celebrada en el pasado jueves 25 de julio, el director de la organización no gubernamental “Semáforo Delictivo”, Santiago Roel, presentó su informe semestral, en el que entre otras cosas señaló, que la incidencia criminal sólo disminuirá, mediante la regulación de drogas como la mariguana y la legalización del cultivo de amapola.

En su informe, Santiago Roel señala que en comparación con el mismo periodo de 2018, en los primeros seis meses del año se incrementaron ocho delitos de alto impacto: homicidio doloso, 4 por ciento; feminicidio, 9 por ciento; violación, 12 por ciento; secuestro, dos por ciento; robo a negocio, 11 por ciento; extorsión, 35 por ciento; violencia familiar, 6 por ciento; y lesiones, 4 por ciento; y que de los 10 delitos comparados, sólo dos disminuyeron: robo de vehículo y robo a casa habitación, en 11 y dos por ciento respectivamente.

El director de “Semáforo Delictivo”, manifestó que entre los estados del país peor evaluados –considerando todos los delitos–, están Tabasco, Morelos, Quintana Roo (del que mostró preocupación, “porque es una fuente importante de recursos, del turismo, es muy sensible a la inseguridad”, señaló) y Guanajuato (de igual manera, porque “es un gran generador de riqueza y empleo, pero que sufre los embates del crimen organizado”, dijo).

Santiago Roel señaló una vez más, que el incremento de los delitos demuestra que la estrategia anticrimen no funciona, por lo que –dijo– se tiene que volver a pensarla, y encaminarla hacia la regulación de las drogas.

Santiago Roel señaló que, regulando “cuando menos la cannabis y cultivo de la amapola, estaremos avanzando en la ruta correcta para reducir la violencia extrema en México. La (…) corrupción de alto impacto y otros delitos de crimen organizado (…). No para fomentar consumos, sino para quitarle el negocio a las mafias”, ya que “México debe ser ejemplo de racionalidad y buenas políticas públicas, no de guerra”.

El Grupo de Enlace Ciudadano por la Paz en Guerrero

Por otra parte, recordemos que en el pasado jueves 23 de mayo –durante la inauguración del diplomado “Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de las violencias”, celebrado en el auditorio chico de la Unidad Académica de Medicina, y proseguido en distintas Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco–, el coordinador del Grupo de Enlace Ciudadano por la Paz en Guerrero, Álvaro Urreta Fernández, expuso en el presídium su trabajo de pacificación de la sierra, en el que entre otras cosas, recordó que el gobierno del Doctor Rogelio Ortega Martínez (Gobernador interino a la caída de Ángel Aguirre Rivero en 26 de octubre del 2014, por la “desaparición” de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa de nuevo ingreso, y sucedido por Héctor Astudillo Flores en 27 de octubre de 2015), impulsó una iniciativa de ley para establecer que La Sierra fuera una región económica especial.

Álvaro Urreta Fernández –quien se desempeña como interlocutor civil entre los pobladores de la sierra y el gobierno–, manifestó que la caída del precio de la amapola, puede propiciar que los grupos delictivos acepten negociar con el gobierno federal.

En su discurso de aquel 23 de mayo, Urreta Fernández opinó que la Guardia Nacional sólo debe entrar a las comunidades cuando ya no haya salida, y puso como ejemplo, que durante el proceso desarrollado para pacificar la sierra, obtuvieron que 300 comunidades de la región, firmaran un pacto de paz y conformaran tres grandes territorios de paz y desarrollo.

Respecto a la amnistía, indulto y reducción de penas, ofrecidos por el Gobierno Federal a miembros de grupos delictivos –medidas que se tomarían con previo perdón de las víctimas (según precisa el documento titulado “Hacia un proyecto territorial estratégico de desarrollo productivo y de paz”), como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, publicada en el Diario Oficial de la Federación en jueves 16 de mayo del 2019–, Urreta Fernández advirtió que muchas familias víctimas de la violencia no darán su perdón, pero esto puede cambiar si se promueve la reconciliación a través del diálogo, medida que se debe agotar –dijo– antes de usar la Guardia Nacional.

En conferencia de prensa concedida posteriormente a reporteros, Álvaro Urreta manifestó que la reconciliación en el país es posible, pero requiere diálogo, y cuestionado sobre qué ganarían los narcotraficantes con la amnistía, respondió que “habrá grupos que digan ‘queremos entrar a un esquema distinto, ya no queremos más violencia’”.

Al mismo tiempo, el citado documento –que expone el desarrollo de la propuesta de trabajo de la organización que coordina Urreta Fernández: Grupo de Enlace Ciudadano por la Paz en Guerrero– circulaba entre el público asistente, y según el cual, La Sierra –que se conforma con 15 municipios– “es un ejemplo de una paradoja perversa entre riqueza y pobreza”. Y agrega que los rezagos en alimentación, educación y salud son altos, y que en estos territorios una acción importante “es la creación de espacios de diálogo con los diferentes actores sociales inmersos en la problemática de inseguridad, pero con capacidad de lograr acuerdos o pactos de reconciliación social que permitan la pacificación de cada territorio”, por lo que en tal sentido, se intenta preparar las condiciones de seguridad social, para acciones de fomento económico y social en las que participen las comunidades.

El texto agrega que diversas comunidades de la Sierra han solicitado a los tres niveles de gobierno, el apoyo para sustituir el cultivo de amapola por actividades productivas alternativas, ya que “el colapso del mercado de la goma de opio está generando riesgo de hambruna, de falta de fuentes de ingresos, de un incremento de inseguridad”, que se agudiza con la presencia de grupos armados; proceso en el que Grupo de Enlace Ciudadano por la Paz en Guerrero, coordinado por Álvaro Urreta Fernández, ha servido de interlocutor, desde que organizó y realizó el foro “Escucha para la pacificación y reconciliación nacional”, en agosto del 2018 en Acapulco.

En dicho documento también se plantea la construcción de caminos, servicios de electrificación, educación y salud y solución de conflictos agrarios, y para ello se promueve un Pacto Social e Institucional Tripartita, que involucre a los tres órdenes de gobierno, el Congreso del Estado y colectivos serranos; y la urgencia de que la Comisión Especial de la Sierra –creada recientemente por los diputados locales–, lidere las gestiones.

El ex gobernador Rogelio Ortega

Por su parte y durante el mismo evento, el exgobernador del estado de Guerrero y Doctor Rogelio Ortega Martínez, declaró a los reporteros que la sierra vive mucha violencia, pero también tiene riqueza, y que el problema es que sufre de incomunicación, lo que origina la falta de acceso a servicios. “Hay niños que mueren por piquetes de alacrán, debido a que no hay clínicas y si existen no hay personal”, se quejó.

Ortega Martínez señaló que esa zona también es productora de aguacate, pero no pueden bajarlo para su distribución, por lo que es más fácil –dijo– sembrar amapola y marihuana, ya que el narcotraficante es quien va para allá, es el recurso económico para sobrevivir, precisó.

Rogelio Ortega recordó que durante su gobierno interino, decretó la creación de La Sierra como octava región económica, conformada por los municipios serranos, y urgió a que se le reconozca en las leyes y se le construya infraestructura caminera, y entre ésta, una carretera que inicie en Acapulco, pase por el Filo Mayor y llegue a Michoacán.

Florencio Salazar y el obispo Salvador Rangel

Sobre el cuestionamiento de los periodistas respecto al gobierno de Héctor Astudillo Flores y el clima de violencia que le rodea, Ortega Martínez recordó que él gobernó en un periodo difícil, pero tuvo como política el diálogo, por lo que pidió que prevalezca la armonía y precisó que la violencia también se vive en otra partes del mundo; y que al gobierno estatal le conviene trabajar junto con la Iglesia católica, debido a la labor social de esta institución para construir la paz, y su interlocución con gente involucrada en el narcotráfico; en concreto, Ortega Martínez pidió “mayor armonía” entre el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el obispo de Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Medina.