Omiso Astudillo ante los derechos humanos

* El Informe Especial sobre la Situación que en Materia de Personas Desaparecidas y Delitos Vinculados impera en el Municipio de Chilapa de Álvarez, es un claro ejemplo

* La CNDH le propone fortalecer el funcionamiento de la Fiscalía de Justicia del Estado, a fin de que pueda operar de acuerdo a los mejores intereses de la sociedad guerrerense

El pasado jueves 31 de octubre, estuvo en Guerrero el todavía titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, para dar a conocer  el “Informe Especial sobre la Situación que en Materia de Personas Desaparecidas y Delitos Vinculados impera en el Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero”, evento, que pese a las cifras alegres que dice tener el gobernador, Héctor Antonio Astudillo Flores en materia de seguridad, la realidad y el contenido del informe, lo volvía a un escenario que dejó de ver desde hace mucho tiempo.

Era uno de los últimos eventos que llevaba a cabo, Luis Raúl González Pérez, hoy parece –falta su ratificación y toma de protesta-  que estará al frente de la CNDH,  Rosario Piedra Ibarra, hija de la fundadora del comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, elegida por el Senado el pasado 7 de noviembre.

Pese al amplio contenido del informe que se diera, el gobierno del estado, solo se concretó a decir a través de un escueto boletín, que se aceptaban las recomendaciones de la comisión.

Por lo que no se pudo conocer a fondo, o no se quiso que se conociera a fondo ese informe, un compendio de omisiones y faltas en materia de seguridad en el municipio de Chilapa de Alvarez, que debe de cumplir el gobierno de Astudillo Flores.

A través del comunicado de prensa que emite la CNDH sobre su visita a Guerrero para dar a conocer el informe, -(DGC/426/19)-, un legajo de cuatro cuartillas que resume: “problemas estructurales son determinantes para que proliferen delincuencia y delitos de alto impacto en Guerrero, mientras que en Chilapa la búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas siguen pendientes”.

Luis Raúl González Pérez, entregó en mano propia, una copia del informe que presentó al Gobernador, Héctor Antonio Astudillo Flores, quien estuvo presente en el acto, por cierto ,uy serio y hasta a veces se le apreciaba incómodo.

Y sin ningún dejo de cortesía, o sea, “en su propia cara”, el ex titular de la CNDH señaló, “que expresar públicamente un compromiso con el respeto a los derechos humanos no es suficiente, pues tiene que haber acciones y resultados”, y reveló que mientras la probabilidad de esclarecimiento de un delito en México es de 1.3%, “en el estado de Guerrero dicha probabilidad es de .02%, es decir, “que solo uno de cada 500 delitos en esta entidad se esclarece”.

La omisión de Astudillo

El contenido del informe que resumió ese día Luis Raúl González Pérez, puntualiza que “el contexto económico, social y cultural en el estado de Guerrero ha sido determinante para la proliferación de la delincuencia y los delitos de alto impacto, ya que su ubicación geográfica, conjugada con la omisión y el incumplimiento de los derechos humanos a la salud, trabajo, educación y seguridad pública, entre otros, lo convierte en zona estratégica para el cultivo, distribución y trasiego de enervantes, lo cual ha generado enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, dejando a su paso un considerable saldo de víctimas”.

En el boletín emitido ese día e identificado como el DGC/426/19, sintetizan que para la comisión, “el antagonismo entre las agrupaciones delictivas y la falta de respuesta eficaz de las autoridades de los tres niveles de gobierno ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos de la población, como es el caso de las personas desplazadas en Guerrero, que 84% de ellas se vio obligado a dejar su comunidad debido a la situación imperante de violencia y delincuencia, como se consignó en el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno de la CNDH”.

Y señaló que, en el caso de Chilapa de Álvarez, “los datos oficiales sobre la incidencia de delitos muestran inconsistencias o no se encuentran actualizados, de ahí que las autoridades no cuentan con diagnósticos para una adecuada toma de decisiones; sin embargo, se observa clara tendencia en el aumento de delitos, ya que al 30 de septiembre de 2018 había 211 casos de personas reportadas como desaparecidas, por lo cual se iniciaron 178 expedientes ministeriales. De esas personas, 61 fueron localizadas sin vida y solo 7 con vida”.

Reveló que en ese municipio los procesos de búsqueda de personas y atención a las víctimas subsisten como materia compleja, dolorosa e insuficiente, por lo que se pueden considerar un pendiente; sin embargo, a pesar de ese oscuro panorama existen áreas de oportunidad para revertir la situación prevaleciente de inseguridad y violencia que demandan implementar medidas extraordinarias y mayor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, “ya que expresar públicamente un compromiso con el respeto a los derechos humanos no es suficiente; tiene que haber acciones y resultados, y en este sentido la justicia a víctimas y agraviados, la persecución de delitos, seguridad y respeto a los derechos fundamentales son la clave para la consolidación del Estado de Derecho”.

El ahora ex Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que las consideraciones, conclusiones y propuestas contenidas en el mismo, “deben contar para su materialización con la voluntad política del gobierno estatal traducida en acciones que se vean reflejadas en el corto plazo, en beneficio de los guerrerenses y en especial de los habitantes de este municipio”.

Expuso que la Fiscalía Estatal informó del registro de 12 fosas clandestinas con 41 cadáveres exhumados en Chilapa, ante lo cual la CNDH observó que el órgano de procuración de justicia estatal carece de base de datos eficaz y actualizada para conocer con exactitud el número de fosas clandestinas y cadáveres exhumados en ese territorio, y reveló que mientras el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2018 señala que la probabilidad de esclarecimiento de un delito en México, que se denuncia y resuelva efectivamente, es de 1.3%, en el estado de Guerrero dicha probabilidad es de .02%, lo cual significa que solo uno de cada 500 delitos en esta entidad se logra esclarecer.

Acompañado por el Primer Visitador General, Ismael Eslava Pérez, González Pérez señaló que el Informe contiene 73 conclusiones y propuestas dirigidas a autoridades federales y estatales, con el objetivo de contribuir a la construcción de la paz en ese territorio y garantizar el derecho a la verdad y acceso a la justicia a las víctimas de la violencia e inseguridad, y expresó su deseo porque a la brevedad se concrete por el Gobierno federal la materialización del reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Precisó que los retos son ingentes y el tiempo apremia, por lo que no bastan el compromiso y las buenas intenciones, ya que las víctimas y la población requieren hechos, pues se requiere atender los legítimos reclamos de paz, seguridad y justicia de la sociedad, dejando al margen cualquier afiliación política o ideológica para dar paso a la vigencia plena de los derechos humanos.

En el acto realizado en la Sala de la República de Casa Guerrero y en presencia de María del Carmen Abarca Nava, Representante del Colectivo «Siempre Vivos», familiares de víctimas de desaparición y personas servidoras públicas, indicó que entre las propuestas formuladas en el Informe destacan el indispensable fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas en el estado, en especial en Chilapa; la identificación forense de todos los cuerpos y restos óseos encontrados en ese municipio y en general en el estado de Guerrero; “que las policías preventivas e investigadoras se abstengan de efectuar detenciones arbitrarias o retenciones ilegales, y sancionar esa práctica y garantizar todos los mecanismos de denuncia”; e invertir en programas permanentes de selección, capacitación y evaluación de cuerpos policiales.

Omisiones e impunidad

Al ofrecer algunos pormenores del Informe Especial, Ismael Eslava Pérez señaló que la violencia e impunidad que se presentan en diversas regiones del país son algunos de los factores que han propiciado e incidido en que la desaparición de personas sea un flagelo que, no obstante, las voluntades políticas reiteradamente expresadas y algunos avances que para hacer frente al mismo se han registrado, desafortunadamente aún estamos lejos de poder dimensionar y atender adecuadamente.

Resaltó que “subsiste la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas, lo cual refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia en el país”, particularmente a nivel de las entidades federativas, lo que en muchos casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en un estado de abandono y revictimización haciendo nugatorios sus derechos reconocidos en la Constitución General de la República.

Conclusiones y propuestas

Entre las conclusiones y propuestas que contiene el documento, Eslava Pérez destacó “la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la Fiscalía de Justicia del Estado, a fin de que pueda operar de acuerdo a los mejores intereses de la sociedad guerrerense, sobre todo, porque en Chilapa de Álvarez se encuentran adscritos 5 agentes del Ministerio Público para atender una población de 129,867 habitantes; realizar un inventario sistematizado y confiable de averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con personas desaparecidas; llevar a cabo las acciones necesarias que permitan erradicar la impunidad; proceder a la sistematización, compulsa y depuración de los datos sobre personas desaparecidas en el estado de Guerrero que concentró el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a efecto de que constituya una herramienta eficaz”.

También “atender la grave problemática de identificación forense; mayor presencia de las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno; contar con información objetiva para la toma de decisiones sobre el fenómeno de la desaparición y delitos vinculados, a nivel regional y local; crear vínculos de coordinación entre las autoridades, familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para combatir la violencia; asignar mayores recursos presupuestarios, tecnológicos, materiales y humanos para las instancias de procuración de justicia y mecanismos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas; capacitar y evaluar permanentemente a todos los elementos vinculados con el ámbito de la seguridad pública del estado de Guerrero y del municipio de Chilapa; crear mecanismos de justicia transicional que permitan pacificar al municipio de Chilapa de Álvarez y reconstruir el tejido social, así como garantizar los derechos económicos, culturales y sociales”.

Añadió que no se podrá hablar de una sociedad sustentada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, mientras no se actúe para dar la respuesta integral al flagelo de la violencia, la inseguridad e impunidad en las distintas regiones de nuestro país. Por ello, enfatizó, la CNDH seguirá acompañando a las víctimas en su exigencia de justicia y no dejará de señalar las violaciones a los derechos humanos, hasta que la actuación de las autoridades se construya a partir de un vínculo de confianza, cercanía y cooperación con la sociedad.

Por su parte, la señora María del Carmen Abarca Nava, quien desde hace cinco años busca a dos de sus hijos desaparecidos, solicitó el apoyo de los tres niveles de gobierno para continuar con los trabajos de búsqueda de las personas desaparecidas en Chilapa, tarea en la que, dijo, es fundamental el respaldo de las corporaciones de seguridad y el acompañamiento de los organismos de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Búsqueda, a fin de acceder a la justicia y que los familiares puedan vivir sin el sufrimiento e incertidumbre causados por desconocer el paradero de sus seres queridos.

Tras aceptar las propuestas incluidas en el Informe Especial de la CNDH para atender el problema de la desaparición de personas en Chilapa, el Gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró su apoyo a los familiares de las víctimas en ese municipio, por lo que solicitó a las autoridades estatales y municipales ser sensibles, otorgarles acompañamiento y ejercer sus funciones para aliviar la situación que viven mediante la redefinición de acciones y programas sociales, al tiempo que reconoció el trabajo de la presente administración de la CNDH en la protección de los derechos humanos de quienes habitan este país.

En el acto estuvieron presentes Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno; Alberto López Celis, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Alberto Catalán Bastida; Presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal; Jesús Parra García, Presidente Municipal de Chilapa de Álvarez; Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero; Antonino Gaspar Beltrán, Presidente Municipal de Chilpancingo; Ramón Navarrete Magdaleno, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Ramón Javier López, capitán de fragata de la Secretaría de Marina y Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guerrero.

“El Informe Especial sobre la Situación que en Materia de Personas Desaparecidas y Delitos Vinculados impera en el Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, puede ser consultado en la página web www.cndh.org.mx”.