Exigen el cese de «hostilidades» contra líderes sociales

ACAPULCO, GRO.- Integrantes del Frente Progresista de Guerrero (FPG) exigieron  a los tres órdenes de gobierno detengan las agresiones en contra de Gonzalo Molina Gonzáles, vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y así mismo exigieron su presentación pública.

En la conferencia de prensa, los integrantes pidieron al gobierno del estado, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a otros cuerpos policíacos que ya dejen a la familia en paz, asímismo, como organizaciones del Frente Progresista Guerrerense se pronunciaron en contra de esa «Guerra Sucia», y dijeron que están aquí para solidarizarse y exigir el cese de hostilidades que se está llevando a cabo en el estado Guerrero.

Exigieron también al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al presidente de la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, que se mantengan atentos a cualquier agresión que sufran los líderes sociales, quienes se atreven a levantar la voz por sus comunidades.

Claudia Arguello Manera, dio lectura a un documento, redactado el día sábado 30 de marzo, un día después de haberse encontrado con vida a Molina Gonzáles, en cual expresa que el frente, encabezado por Eloy Cisneros Guillén, públicamente se solidariza con Otilia Eugenia Manuel y Gonzalo Molina Gonzales, líderes de las policías comunitarias en las regiones de La Montaña del estado de Guerrero, ante las agresiones que han sufrido por sujetos desconocidos.

 Las organizaciones hicieron un llamado al gobierno mexicano y al gobierno del estado para que sancione las agresiones que han sufrido los ciudadanos y todas las organizaciones sociales en defensa de sus derechos. 

Por ultimo, indicaron que el pueblo de Guerrero debe mantenerse atento y unido para manifestarse ante cualquier agresión de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales, policiacas o militares, e hicieron un llamado al gobierno mexicano y al gobierno del estado para que muestre interés en «atender a los ciudadanos, pidiendo sanciones para malos funcionarios que se han prestado para malversar la información y ser partícipes de los agravios a los compañeros».

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