Por mayoría calificada, diputados aprueban en lo general en México, reforma que prevé elección abierta de jueces, magistrados y ministros

José Manuel Reyes Camero

En un proceso, descrito como el paso de una élite ilustrada, a una generación de abogados comunes –con percepción de la realidad social–, con una discusión inédita de seis rondas en lo general –que no pudo cambiar la decisión de la mayoría–, en la madrugada del miércoles 4 de septiembre del 2024, por mayoría calificada de 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, aprobaron en lo general, el dictamen que modifica a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, que –entre otros puntos– prevé la elección en 2025, de nuevos jueces, magistrados y ministros.

Al explicar el alcance de la enmienda a la Constitución Federal, expuso el Partido del Trabajo (PT), que no sólo de reformar se trata, sino de refundar al Poder Judicial.

Con la primera gran reforma del denominado plan C, su fuerza estrenó la nueva mayoría absoluta, en una sesión que más de 10 horas había consumido y hasta la madrugada de este miércoles 4 se extendió.

De apresurado, calificó la oposición el desahogo de las modificaciones, sobre todo porque en mismo miércoles, recibir la minuta prevé el Senado, para dar trámite a comisiones.

Entre las acusaciones de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), del presunto desacato a las dos suspensiones provisionales de jueces –durante la noche, fue recibida una tercera– y la postura de Morena, quien sostiene que de la votación del 2 de junio, resultado es la reforma, osciló el largo y a momentos, ríspido debate.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, afirmó desde la tribuna improvisada en la cancha de la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca (lugar de parto, en náhuatl), que una de las razones por las que un paquete de 20 iniciativas, en febrero envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue por la grosera intromisión del Poder Judicial de la Federación, en las decisiones del Legislativo y porque fundamentales enmiendas constitucionales, rechazó un Congreso sin mayoría morenista, por lo que, para contar con los sufragios para aprobarlas –afirmó–, en campaña y en las urnas, el apoyo buscaron los candidatos morenistas. A la gente dijimos, que si por nosotros votaban, por las reformas del Presidente lo hacían, a nadie engañamos –expresó.

Como “una vendetta” en contra del Poder Judicial, fue asumida la declaración de Monreal por panistas, priistas y emecistas –extraña, la ausencia del recientemente extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). En tal sentido, todo tiene una causa, dijo la panista Paulina Rubio: La V de venganza del Presidente, contra un Poder Judicial, que no se agachó y que le plantó cara.

A la sesión no llegó Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro –quien forma parte, del grupo de trabajo revisor del dictamen–, porque –en un mensaje aseguró– desde el lunes 2, comenzó a sentirse mal y su cardiólogo decidió hospitalizarla.

Desde el comienzo del debate, la legalidad de la sesión objetó el PAN y, junto con el PRI, afirmó que con reserva asistían, para desgranar su mensaje político contra la reforma, por lo que –según su postura– en un desacato eventual no caían. De hecho, el orden del día y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para trasladar la sede de San Lázaro a Mixhuca, se votó cuando en el deportivo ya estaban los diputados y después de una agria discusión.

A falta de tablero electrónico de asistencia, a mano se hizo el registro de diputados, en mesas plegables situadas, detrás de la improvisada mesa directiva. Un quorum de 372 diputados se cantó, pero de cuya identidad certeza no había –objetaron PAN, PRI y MC. Que, de no certificarse el quorum, vamos a impugnar –declaró el coordinador del PRI, Rubén Moreira. Insistió la oposición en frenar la sesión, que –según el panismo– a escondidas del pueblo, en una guarida se llevó a cabo; en repuesta, Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo, atajó: Las condiciones para realizar el trabajo, que el pueblo de México nos mandató, no nos va a imponer la minoría.

Después de las posturas de los partidos y seis rondas, casi a la 1:30 horas de la madrugada, comenzó a votarse el dictamen en lo general, por cada uno de los diputados de viva voz; entrando posteriormente el pleno a discutir, 610 reservas en lo particular. En los primeros minutos del miércoles 4, algunos cambios con el gobierno federal, negociaba Morena –explicaron diputados.

Cambios a la operación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la reforma: De 11 a nueve se reduce el número de ministros; la Primera y Segunda salas se extinguen y de ocho a seis, se reduce el número de votos de ministros, para que sus sentencias sean obligatorias.

Superior al del Presidente de la República, no podrá ser el sueldo de los ministros; la duración de éstos en su encargo, se reduce de 15 a 12 años; sin efecto quedará su pensión de retiro y, si en la elección quieren participar, los que en funciones están deberán renunciar.

Dispone el dictamen que, para todos los cargos de elección en el Poder Judicial de la Federación, el financiamiento privado o público de las campañas y la contratación de espacios en radio y televisión, estarán prohibidos, pero a tiempos oficiales en medios electrónicos sí tendrán derecho. En el proceso electoral –que será regulado por el Instituto Nacional Electoral–, no podrán intervenir los partidos políticos.

Por último, señala que al Órgano de Administración Judicial, corresponderá la administración y control interno del Tribunal Electoral y, los temas relativos a la disciplina de su personal, al Tribunal de Disciplina Judicial, al cual le compete conocer también, de los conflictos que se susciten, entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores y entre la SCJN y sus empleados. (Con información nacional)