Rechaza Congreso de Baja California, Cuentas Públicas 2020-21, del gobierno de Jaime Bonilla

* Por irregularidades más de 500 millones de pesos, detectadas por la Auditoría Superior del Estado, se presentarán denuncias penales, señalaron

Las Cuentas Públicas 2020 y 2021, rechazó el Congreso del Estado de Baja California –con sede en Mexicali, capital del estado–, ante las irregularidades administrativas por más de 500 millones de pesos, que en el gobierno de Jaime Bonilla se detectaron, durante los únicos dos años de su administración.

Por la gravedad en el manejo del erario, detectadas durante la fiscalización de los auditores, se procederá a presentar quejas administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa y denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado –anunciaron.

Asimismo, señaló la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre los hallazgos principales, 210 millones 546 mil pesos de déficit presupuestal; 510 millones de pesos, por la contratación directa, sin Licitación Pública, de bienes y servicios a 29 proveedores y, la falta de evidencia de recepción por 13 millones de pesos, de colchonetas, desayunos y equipos de cómputo, durante la pandemia, tiempo en el que la cancelación de clases en escuelas públicas se registró.

En esos periodos, los secretarios de Educación fueron Catalino Zavala y Solís Benavides –quienes fungen actualmente en la administración de Marian del Pilar Ávila, como secretario General de Gobierno y titular de aquella entidad pública, respectivamente.

También, que con las leyes de Hacienda y de Ingresos del Estado de Baja California se incumplió, al omitir el pago de impuestos por 191 millones 490 mil pesos, sobre la recaudación del Impuesto a las Remuneraciones al Trabajo Personal del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM); por 184 millones de pesos, un adeudo al Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California (FITUR), por la recaudación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje y; 274 mil pesos, por pago ilegal de trabajos no ejecutados.

Además, que mantuvo en su contabilidad la administración de Bonilla Valdez, a cinco fideicomisos con un saldo contable de 6 millones 115 mil pesos, al 31 de diciembre de 2021, sin que las gestiones para iniciar el proceso de extinción se hayan realizado; tampoco se proporcionaron las conciliaciones mensuales de dos fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, con un saldo contable de 15 millones de pesos.

En el gobierno de Jaime Bonilla, a 136 empleados de la burocracia, se otorgó base en el mismo día que se contrataron y, en menos de un año, a 50 empleados, en contravención a la Ley del Servicio Civil.

Que, además de la falta de integración entre la población objetivo y la atendida –por sexo y grupo de edad desagregada–, no hay registro en pasivo, en los padrones de beneficiarios de programas sociales del Bienestar, de compra-venta de energía eléctrica por 37 mil 529 millones de pesos, por contrato plurianual de la Planta de Generación de Energía Fotovoltaica,  ni expediente administrativo sobre su situación jurídica; así como tampoco, evidencia física de constancias de inversión firmadas por el gobierno estatal, sobre gastos realizados por el proveedor, por seis mil 493 millones de pesos.

También, que se detectaron 73 cuentas bancarias inactivas, por un importe neto de 24 millones 281 mil pesos y 23 cuentas de instituciones bancarias, con saldos contrarios a su naturaleza, por 577 millones de pesos.

Que, de la revisión de las cuentas por pagar, se presentaron observaciones por un antiguo saldo en cuentas de pasivos, por 423 millones de pesos, así como una Nómina de Bono variable por nueve millones de pesos, sin normatividad para otorgar esa prestación ni retención del Impuesto sobre la Renta.

Además, de la falta de estados financieros del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Operación del Programa Escuelas de Calidad (FIPEC), por 191 millones de pesos, incorporado en la contabilidad de la entidad.

Por su parte, advirtió la morenista Alejandra Ang, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico, que recurrentes son las observaciones; graves faltas que no se atendieron son algunas de ellas y recordó que en 2021, al iniciarse la Legislatura, se encontraron situaciones que en denuncias penales se convirtieron, como es el caso de la planta de generación de energía fotovoltaica, que de irresponsable manera se realizó.

Agregó Ang que en esa Comisión –en la que participan las diputadas morenistas Michel Sanchez Allende y Araceli Geraldo, el petista Julio Cesar Vázquez y la panista Amintha Briceño–, las Cuentas Publicas 2019, 2020 y 2021 se han revisado y de recurrentes temas hay antecedentes.

En tanto, la diputada Alejandrina Corral –coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional–, se pronunció porque a las observaciones se dé seguimiento y vayan más allá de aprobar o no las Cuentas Públicas, porque no se trata sólo de un castigo público, sino de ver qué pasa con el Órgano Interno de Control o, si en su escritorio a gusto está la Secretaría de la Honestidad, ya que su obligación es saber, si hay una falta grave o la presunción de un delito.

Ni juicio político ni denuncia penal o administrativa, he visto de lo que en la ASE se realizó, porque igual va a seguir la situación, si se ve que con los funcionarios nada pasa, porque algún sancionado debe haber, ya que la única manera de inhibir la corrupción y los delitos, es que haya sanciones –concluyó.