Que el TEPJF dirima sus diferencias, sin descuidar temas pendientes y futuras elecciones: GPPRD

Este jueves cinco de agosto en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, hizo un llamado a las y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a dirimir sus diferencias en el marco de la legalidad y no afectar controversias electorales pendientes, ni el desarrollo de las elecciones futuras.

Cinco integrantes del TEPJF, removieron de la presidencia al Magistrado José Luis Vargas Valdez y designaron en su lugar al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, como su sucesor para concluir el periodo hasta 2023. Vargas Valdez denuncia que su remoción no es legal y se asume como presidente en funciones.

Al respecto el GPPRD, en estricto respeto al tribunal electoral en relación a sus decisiones internas, pide a las y los Magistrados que lo integran a que, independientemente de sus diferencias, cumplan de manera estricta con su responsabilidad de garantizar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral; atendiendo con la celeridad debida las controversias electorales derivadas de la jornada del seis de junio, y a no permitir que un conflicto interno afecte las próximas elecciones.

Las y los diputados federales perredistas, expresan su preocupación por el curso que pueda tomar el conflicto en el tribunal, pues las decisiones que tome una u otra parte, estarán sujetas a la impugnación y corren el riesgo de ser invalidadas.

En su opinión, “las y los Magistrados tienen tareas y obligaciones que superan el ámbito personal y, en caso de que existan responsabilidades administrativas o penales, éstas deberán seguir los cursos legales correspondientes”.

En ese sentido, hacen un llamado a las y los integrantes del TEPJF, “a resolver sus diferencias por la vía del diálogo, recurrir a las instancias legales correspondientes en caso necesario, tomar las decisiones pertinentes para que el tribunal retome su curso legal y no vulnerar los derechos políticos de las y los ciudadanos”.