El absurdo drama de Ayotzinapa y sus estudiantes desaparecidos en Iguala

* A 10 años, algunos padres de los estudiantes han muerto; otros más, cansados

* Romper el pacto de silencio, un programa de recompensa implementado por el estado, para quienes proporcionen informes sobre los hechos

El Bombero: –Pues bien, comienzo. (Vuelve a toser y luego comienza con una voz a la que hace temblar la emoción). “El perro y el buey”, fábula experimental: una vez otro buey le preguntó a otro perro: ¿por qué no te has tragado la trompa? Perdón, contestó el perro, es porque creía que era elefante.

Sra. Martin: –¿Cuál es la moraleja?

El Bombero: –Son ustedes quienes tienen que encontrarla.

Eugéne Ionesco, La cantante calva

Rafael Solano

Lo usual es que sean los humanos le hinquen el diento a escualos y no al revés; por eso es que se convierte en noticia que algún tiburón ataque a algún humano. Los normalistas de Ayotzinapa nunca tuvieron alguna baja cuando iban a apoderarse de autobuses para ocuparlos en sus movilizaciones; el problema comenzó cuando fueron a querer despojar a criminales que los recibieron a balazos.

Esa conclusión a la que llegó la extinta Procuraduría General de la República en la investigación cuyo resultado fue dado a conocer en noviembre de hace 10 años es la misma a la que llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Intervino a petición de familiares de 43 normalistas reclamados como desaparecidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. La única acotación fue que, como no encontraron los cuerpos, debería seguirse considerando como desaparecidos a los alumnos de nuevo ingreso y recomendó proseguir la búsqueda.

A su vez, la fiscalía especial creada en el inicio del sexenio que está por concluir declaró a fines de agosto de 2023 que estaba cumplida su encomienda y llegó a la conclusión que no hay indicios que esos normalistas presuntamente desaparecidos estén vivos. La diferencia es que el anterior gobierno federal de Enrique Peña Nieto realizó una investigación que fue descalificada y el de Andrés Manuel López Obrador investigó de buena fe y con ánimo de llegar a la verdad.

A lo largo de casi 10 años, las manifestaciones de los normalistas con la bandera de lucha de los 43 han sido violentas. El gobierno de Peña Nieto fue tolerante porque, aunque no tenía relación con el hecho sangriento, arrastraba el pasado de corrupción priísta y actuó como si fuera culpable; el gobierno que termina, de igual manera soporta las embestidas recientes porque incumplió la promesa hecha tras los primeros días de la masacre en Iguala: encontrar a los normalistas con vida, aunque sin certeza de que lo estuvieran.

En vísperas del décimo aniversario de la incursión de normalistas a Iguala que fue repelida por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, los familiares de los normalistas que estarían muertos y no desaparecidos encabezan lo que parece ser, serán las últimas movilizaciones para demandar el cumplimiento de la promesa de López Obrador de buscar hasta encontrar a los 43 alumnos de Ayotzinapa.

Algunos de los familiares de los 43 ya murieron en la década que ha transcurrido, el resto del grupo se nota cansado. Se presuponía, porque así dijeron los líderes de la normal rural a los padres y madres de los 43, que los alumnos de nuevo ingreso estarían en alguna mazmorra y que con protestas continuas los liberarían; similar a como ocurrió con los integrantes de grupos guerrilleros de la década de 1970 tras ser atrapados. También les dijeron que a los normalistas de Ayotzinapa los llevaron porque el gobierno está en contra de los lideres sociales y en este caso, más porque no quiere a los maestros que van a sacar a su pueblo de la ignorancia.

Robar a los rateros

En el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rendido el 6 de septiembre de 2015, se anota que los alumnos de nuevo ingreso tenían por costumbre, casi sana, salir de la escuela y apoderarse de los autobuses de pasajeros que encontraran a su paso; en ocasiones, iban a la central camionera de Chilpancingo por ellos.

El jueves 26 de septiembre de 2014, los normalistas fueron repelidos por agentes de la Policía federal Preventiva que resguardaban los autobuses. Decidieron trasladarse a Iguala. Fueron a la terminal y se llevaron varios autobuses. Antes de poder salir, policías municipales al servicio de los maleantes los detuvieron y a otros les dispararon los maleantes.

La noticia fue internacional y las protestas violentas se sucedieron tanto en la entidad como en la capital del país, con la coincidencia en la manera de calificar el hecho sangriento como “crimen de Estado”. La PGR, convertida en este sexenio en la Fiscalía General de la República, atrajo el caso por la gravedad de los hechos. Tras investigar casi un mes, llegó a la conclusión que llamó “verdad histórica”: los maleantes mataron e hicieron ceniza a 43 normalistas, en tanto que otros tres fueron asesinados en el lugar del ataque, en represalia al hurto que pretendían hacer de los vehículos y de la mercancía que había en sus interiores.

La conclusión fue rechazada. Se pidió intervención extranjera. La OEA mandó al GIEI, que sólo replicó la versión de la PGR al año de los sucesos violentos; durante los dos últimos meses de 2014, las protestas destructivas fueron tanto a la sede del gobierno municipal de Iguala como a palacio de gobierno en Chilpancingo. Las embestidas fueron dirigidas también contra las sedes de los partidos considerados culpables: el PRI, que detentaba el gobierno federal en la lógica que intervino el Ejército; el PRD, porque tanto el alcalde José Luis Abarca Velázquez como el gobernador Angel Aguirre Rivero eran del partido del sol azteca, y el PAN, no se supo por qué hasta que fue visible la presencia de maestros disidentes opositores a la reforma educativa aprobada a inicios del sexenio de Peña Nieto. Los tres partidos se pusieron de acuerdo en aprobar dicha reforma.

Al naciente partido de Morena no lo tocaron. Se suponía que nada tuvo que ver con la agresión a los normalistas. López Obrador prometería encontrar a los 43 normalistas que, aseguraban líderes y repetían los familiares, estaban vivos pero cautivos.

Hasta mediados de 2015 persistió el ánimo belicoso de los normalistas y maestros, quienes convocaron a boicotear la elección de junio de ese año en la lógica que podían llegar a los cargos públicos personajes como el alcalde de Iguala que atentan contra los ciudadanos, ya que insistían en la culpabilidad de Abarca Velázquez, pero también culpaban a Aguirre Rivero y a Peña Nieto.

El boicot no prosperó. La contienda electoral se llevó a cabo y solo en Tixtla no hubo comicios por temor a que la violencia afectara a los electores. La lucha bajó de intensidad porque el contingente mayoritario se retiró. Los maestros disidentes consiguieron detener la reforma educativa y ya no había motivo para seguir apoyando a los familiares de los normalistas.

Al asumir la presidencia de la república, López Obrador reiteró la promesa: buscar hasta encontrar a los 43 normalistas. Para eso, creó una fiscalía especial. Pasaron varios meses y la fiscalía nada informaba. Las protestas reiniciaron. El gobierno federal dispuso entonces una iniciativa de ley que penalizó la toma de casetas de cobro de las carreteras concesionadas, actividad que según un cálculo dado a conocer por la Secretaría de Infraestructura Carretera y Transportes, la anterior SCT, causaba pérdidas por 400 millones de pesos anuales. No tenían los normalistas por qué tomar las casetas porque la fiscalía especial estaba trabajando.

La fiscalía especial concluiría el 26 de agosto de 2023, un mes antes del noveno aniversario del ataque contra los normalistas, que no encontraron indicios de vida de los 43; se inició al mismo tiempo un proceso penal contra 20 militares de bajo rango que fueron culpados de omisión, los que han ido saliendo de prisión preventiva uno a uno. Solo quedan tres.

Ante la insistencia de los familiares y su abogado Vidulfo Rosales Sierra en culpar a los militares, asegurando que hay evidencias de sus nexos con los maleantes del grupo criminal que predominaba en Iguala, López Obrador ha descalificado tanto a los padres y madres como al abogado, así como al mismo GIEI y a integrantes de agrupaciones de derechos humanos que los han acompañado durante casi 10 años.

Aunque de inicio no reaccionaron, la reiterada defensa al Ejército reanimó las protestas. A fines de agosto de este año, poco antes del último informe de gobierno de López Obrador, estuvieron a punto de interrumpir la conferencia de prensa matutina en palacio nacional. Fueron repelidos con gas lacrimógeno. Los normalistas se declararon en pie de guerra, pero las batallas no serían en la Ciudad de México sino en Chilpancingo y sus alrededores.

Las protestas se vinieron suscitando. La más reciente, el viernes 20, una semana después de embestir la sede del Poder Legislativo, los normalistas lanzaron petardos en contra de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en la cabecera municipal de Iguala, donde fueron contenidos con gas lacrimógeno.

Los normalistas rurales se trasladaron desde su plantel, ubicado en Tixtla para dar seguimiento al plan de acción que han elaborado en el contexto del décimo aniversario de los ataques del 26 de septiembre de 2014. Como en días pasados, los acompañan contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) que agrupa a los alumnos de diversas escuelas normales rurales.

Al notar la presencia de los normalistas, un militar con megáfono hizo un llamado al diálogo que no atendieron. Al término del mitin, los estudiantes lanzaron una camioneta quitada a repartidor de conocida empresa contra una de las bardas de acceso para tratar de abrirse paso, lo que no consiguieron.

Comenzaron a lanzar petardos hacia las instalaciones militares y la respuesta fueron proyectiles con gas lacrimógeno. La camioneta con la que embistieron fue incendiada.

Los normalistas están convencidos, porque lo leyeron en un libro alusivo de la periodista Anabel Hernández, que la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de los 43 normalistas capturados por los maleantes fue llevado hacia dichas instalaciones militares.

Como en el Viejo Oeste

Este 16 de septiembre dio inicio la campaña denominada “Romper el pacto de silencio”. ¿A qué alude? Anuncios espectaculares en los que se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien brinde información para dar con el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayozinapa “Raúl Isidro Burgos”. Los primeros fueron desplegados en la capital de la entidad y también habría en otras ciudades de las regiones Centro y Norte, así como en el estado de Morelos, principalmente. Además, spots en radio y televisión…

En los espectaculares se lee el siguiente mensaje: “Pedimos tu colaboración en la búsqueda de nuestros hijos, si cuentas con alguna información relevante por favor llama al 7571192006, tu reporte será anónimo y ayudará a brindar alivio a 43 familias que sufren en la incertidumbre. Tu ayuda es fundamental para hacernos escuchar”.

Lo acompaña el agregado: “Recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil para la localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero”.

La campaña es uno de los acuerdos tomados el jueves 12 en una reunión celebrada entre padres de familia de los 43 normalistas y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con la singularidad que fueron en realidad dos, ya que se han conformado dos grupos. Puntuales comunicados del gobierno estatal dieron cuenta del cordial doble encuentro.

La historia vuelve a iniciar. Basta recurrir a la hemeroteca para topar la noticia que hace poco menos de 10 años, tras ser publicada en la mayoría de periódicos la embestida que repelió a la incursión normalista en Iguala, el inicio de semana siguiente comenzó con la instrucción del entonces gobernador Angel Aguirre Rivero, a funcionarios y también a empleados de palacio de gobierno, de ir a buscar a los normalistas.

Hay fotografías de la entonces secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, recorriendo calles de Iguala con algunos ayudantes. En otras gráficas, se aprecia a personas vestidas como burócratas hablando con colonos que no abren por completo sus puertas. Nadie sabe nada, Tanto en esa ciudad de la región Norte como en Chilpancingo ya se habían distribuido carteles donde se ofrece recompensa para las personas que ayudaran a encontrar a los normalistas. Colgadas en cafeterías y lugares visibles del zócalo, miles las vieron antes de ser llevados por el ventarrón de alguna lluvia.

La obra de teatro a la que alude el epígrafe tiene la particularidad de ser circular: tras los últimos diálogos de la última escena, vienen los de la primera escena. Al escritor húngaro Eugène Ionesco en una entrevista publicada en la desaparecida revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, le preguntan qué opina acerca de que se le considera como el padre del teatro del absurdo, a lo que responde: “¿Yo absurdo? Que absurdo”, añadiendo que sus obras estaban inspiradas en hechos, situaciones y vivencias cercanas y cotidianas.

En este drama de Ayotzinapa, los actores principales son jóvenes de nuevo ingreso que pasan los dos primeros meses del ciclo escolar fuera de las aulas. Con frecuencia, lanzan consignas de “Guerrero, estado guerrillero” y ¡Vivas¡ a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; sin embargo, cada vez que resulta algún normalista raspado, gritan: “Gobierno asesino”.

Poco antes de los sucesos del 26 de septiembre de 2014, solían realizar actividades similares a las prácticas militares consistentes en pasar toda la noche en una alberca y trabajar en labores del campo todo un día, sin comer. Según testimonios de habitantes de la cabecera municipal de Tixtla, también antes que se diera la incursión en Iguala, iban a la comandancia de la Policía Preventiva a apedrearla.

Actores secundarios, los policías que intentan contenerlos y los familiares de los 43 que con frecuencia son colocados en la primera línea de ataque.

Actores de tercera y de reparto: las autoridades que solo son testigos del vandalismo; los ciudadanos que se ven imposibilitados de avanzar en el tráfico vehicular por los bloqueos carreteros; las empresas que padecen el despojo de mercancía, combustible y vehículos.

Actores que aparecieron intempestivamente en el escenario, las viudas y huérfanos de Julio César Mondragón Fontes, muerto éste en Iguala, y de Adán Abraján de la Cruz, uno de los 43 normalistas reclamados como desaparecidos hace casi 10 años en Iguala. Eran padres de familia cuando ocurrieron los sangrientos acontecimientos y prácticamente tenían abandonadas a sus familiares.

Es una historia que se repite; a veces más trágica. Una historia interminable.