Exhuman en Ajuchitlán restos de campesinos asesinados por el Ejército en la guerra sucia

* Piden acción penal contra los militares que aún viven y que son responsables de las ejecuciones

* Impidieron a los familiares presenciar los trabajos, “como si quisiera proteger” a los autores, conjetura su abogado

La Fiscalía General de Guerrero concluyó la exhumación de los restos de siete campesinos de la sierra de Ajuchitlán asesinados a sangre fría y enterrados en fosas clandestinas por el Ejército durante la guerra sucia contra las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.

Así lo informa un despacho del corresponsal de Proceso Luis Daniel Nava, publicado en la versión online del mensuario este viernes por la noche.

Precisa el comunicador que a los familiares no se les permitió estar presentes en durante la exhumación y sólo les permitieron ver los restos óseos por dos minutos, lo cual para ellos fue motivo de queja, si bien eso no afectará su cotejo genético.

Indica el reporte que así lo informó Estela Arroyo Castro, de la Asociación de Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, en una entrevista con Radio UAGro.

Las diligencias se desarrollaron del 4 al 7 de septiembre en dos fosas clandestinas en el ejido Chilacayote, en la parte alta de ese municipio de la Tierra Caliente de Guerrero. En la primera hallaron cinco cuerpos, y en la segunda, dos.

Los restos deben corresponder a Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Román, Eduardo Oviada Ortiz, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino y Pablo Rojas Terán, quien tenía 14 años de edad al momento de ser asesinado.

Falta por exhumar el cuerpo de José Santos González Rojas, cuya fosa se ubica en el pueblo Palos Altos. Personal de la Fiscalía informó a los familiares que los trabajos para extraerlo comenzarán en noviembre, pero en apariencia el corresponsal no logró saber por qué.

Las víctimas, que sufrieron desaparición forzada en 1967, 1971 y 1974 eran habitantes de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente.

Estela Arroyo dijo que cuando les permitieron ver los cuerpos, los deudos montaron un acto político con consignas contra el Ejército y con un pase de lista. “Hubo mucho dolor y lágrimas”, agregó.

También cantaron el Himno Nacional y llevaron a cabo un acto religioso.

Lamentó que no se les haya permitido estar presentes en la exhumación: “No estuvimos presentes, solo nos permitieron ver los restos durante dos minutos, según dijeron por la lluvia que había en ese momento”.

Octaviano Gervasio Serrano, asesor jurídico de las familias de las víctimas, consideró muy grave que las autoridades no hayan permitido estar cerca de las excavaciones.

“Por ley, las víctimas pueden participar de manera activa y dar indicios a las autoridades que hubiesen servido como pruebas fehacientes. Pero todo parece que lo hicieron para proteger al Ejército”, denunció.

Los cuerpos fueron trasladados en helicóptero este viernes a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo, donde se procederá a la identificación genética, a determinar la causa de muerte y a entregar a familiares.

Gervasio Serrano demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, acción penal contra los militares que aún viven y que son responsables de las ejecuciones en la guerra sucia, que calificó como un exterminio.

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “emita en forma expedita las recomendaciones de las quejas ya presentadas, decretando que plenamente que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, fueron cometidos por elementos de la Sedena, y por lo tanto condenar a esta institución al pago de la reparación del daño”.

El ejidatario y familiar de víctimas Bartolo Hernández Rojas declaró en mayo pasado en la cabecera de Tecpan que muchos pobladores fueron confundidos o implicados sin pruebas en la guerrilla de Lucio Cabañas.

“Fueron golpeados, torturados y cruelmente asesinados y enterrados en fosas clandestinas. Ahí estaban nuestras mamás, que vieron en carne propia; sus casas y actas de nacimiento fueron quemadas; querían borrarlos. Fue una ejecución sumaria”, señaló.

En esta jornada de exhumación participaron representantes de Fiscalía del Estado, de las comisiones Estatal y Nacional de Búsqueda, de la CNDH, de las comisiones ejecutivas de Atención a Víctimas de los ámbitos federal y estatal, de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial.

Los restos fueron llevados en un helicóptero de la Policía Estatal al forense de Chilpancingo para su identificación genética.