Los “43” fueron ultimados, calcinados y desaparecidos, indican todas las pruebas, afirma Alejandro Encinas

* Las pesquisas le ha acarreado diferencias con el Ejército, dice el subsecretario

* Muy poco humano, de que a los padres se generen expectativas falsas, de que se hallarán con vida

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que “miel sobre hojuelas”, no fue la revisión de los archivos militares, relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero “sí abrimos todos” –señaló.

Se superaron las resistencias presentadas, sostuvo en miércoles 27 de septiembre del 2023, al presentar el segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Asimismo, que su labor de encabezar la investigación –admitió–, diferencias con elementos del Ejército le ha acarreado, pero sólo con los que han sido detenidos, por su presunta participación en las desapariciones perpetradas en Iguala, Guerrero en 26 y 27 de septiembre del 2014, cuya defensa legal, ha pedido incluso que sea interrogado el funcionario.

Este es un puesto, en el que amigos no se hacen, pero para hacer amistades no estamos nosotros aquí; para conocer la verdad estamos trabajando –enfatizó.

Que muchos de los archivos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sobre los hechos a consultar que requirió la comisión –reveló–, en condiciones francamente deplorables se encontraron en una oficina, incluso, información relevante él mismo halló en ese desorden, porque mal organizada, amontonada, estaba; prácticamente, algunos archivos ayudamos a reordenar –señaló.

Precisó Encinas, que no ha concluido el trabajo con Sedena, después de que sostuvo ésta que toda la información solicitada ya entregó, entre ella, parte de una conversación sostenida en la noche de los hechos, entre Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” –uno de los líderes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”– y Francisco Salgado Valladares –subdirector de la policía municipal de Iguala–, en la que sobre 17 estudiantes se habla.

Que más documentos sobre la conversación no se tienen –reconoció–, pero dijo que a la instrucción presidencial tendrá que atender Sedena, para ver si más información encontramos y agregó, que es buena la idea del secretario Luis Cresencio Sandoval de preguntar al “Gil”, pero desde el 2019 lo estamos haciendo.

Durante la presentación del segundo informe –de 145 páginas y seis anexos–, aseveró también el presidente de la Comisión, que no hay indicios que permitan suponer, que con vida se encuentren los estudiantes, por el contrario, todas las declaraciones, testimonios y evidencias, indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

No “seguimos buscando fosas clandestinas con cuerpos, sino lo fundamental, por el modus operandi de este grupo delictivo, estamos buscando restos calcinados” –explicó.

Frente a los medios de comunicación y miembros de la Comisión –Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial para el caso, así como Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre ellos–, que generar a los familiares una expectativa falsa, no sería ético –subrayó.

Muy poco humano se me hace, la actitud que han asumido algunas personas, generando a los papás expectativas falsas, de que con vida se encuentran los estudiantes y hasta de que vamos a encontrarlos, y sobre lo cual, alguna información de la Sedena pudiera aparecer; yo creo que no tenemos nosotros, el derecho a generar mentiras, engaños –expresó.

Que un crimen de Estado fue este caso, reiteró el subsecretario y descartó que una verdad histórica nueva sea el actual informe, como han expuesto padres y madres de los jóvenes, que en 19 de septiembre del 2023 lo conocieron y aseguró que cerrar el caso, no es la intención.

Sobre la relación que con los padres y madres de los estudiantes tiene, rechazó Encinas que con ellos o con sus representantes legales y organizaciones que los acompañan, un distanciamiento exista.

No se ha roto el compromiso con las familias, continuamos para conocer la verdad, el paradero y que a los responsables se castigue –enfatizó–, al tiempo que reconoció, que ahora en la búsqueda y judicialización es el principal reto. Claros están, el qué pasó, cuándo y dónde.

Precisó que no forman parte del actual documento, las capturas de pantalla de comunicaciones, sostenidas entre actores relacionados con el caso Ayotzinapa y que en el primer informe –en agosto del 2022– fueron presentados, después de que una opinión a la empresa Meta Plataforms –desarrolladora de las aplicaciones de WhatsApp y Facebook–, solicitó la fiscalía especial para el caso.

Se respondió que por las condiciones del sistema operativo de WhatsApp, imposible les es, a través de capturas de pantalla o de cualquiera otra manera, validar la existencia o no existencia de las comunicaciones.

Indicó que, independientemente del cambio de gobierno del año próximo, trabajan en el proceso de definición de un mecanismo, que a las investigaciones permita dar continuidad. Ello, para dar a los padres y madres de familia, tranquilidad y certeza.

Por último y cuestionado sobre el espionaje con el malware Pegasus, del que durante las investigaciones fue víctima y que a áreas de inteligencia del Ejército atribuyeron fuentes diversas, mencionó Encinas que, de sus trabajos para desarrollar la búsqueda e investigación de la Comisión, no ha querido distraerse y su derecho se ha reservado, para legalmente proceder, cuando lo considere conveniente.