Ya no hay motivo para luchar; la 4T es lo más parecido a lo que soñamos: ERPI

FOTO: Marco Antonio Villegas

* Presentan video con entrevistas a exguerrilleros que consideran al actual gobierno con amplio respaldo popular, pero eso es insuficiente, señalan

* Supervivientes de la masacre de Aguas Blancas demandan justicia

Rafael Solano

Para líderes e iniciadores del movimiento armado motivado por la masacre de 17 lugareños suscitada hace 29 años, denominada popularmente como “la masacre de Aguas Blancas”, ya no hay motivo de lucha; el actual gobierno se acerca, es lo más parecido, al régimen que aspiraban llegar mediante las armas. Como lo expresara el matemático y filósofo alemán Grottfried Wilhelm Leibnitz, “todo va bien, en el mejor de los mundos posibles”.

Pero para los sobrevivientes, el agravio persiste. “El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho referencia a la masacre de Aguas Blancas en varias ocasiones en sus conferencias matutinas como un ejemplo de la forma autoritaria en que los gobiernos del PRI actuaban para acallar las protestas sociales. Sin embargo, no basta con que el presidente se pronuncie al respecto o que este hecho hoy este en los libros de texto, hace falta que haya justicia”, de acuerdo con un puntual comunicado.

Los guerrilleros retirados reaparecieron en la presentación de La revolución imposible, de Enrique Olvera, basado en un texto de Julio César López Arévalo, la tarde del viernes último de junio y del 29 aniversario de la masacre. Este documental, expusieron al inicio los organizadores de la presentación, es homenaje a los participantes en el Ejército Popular Revolucionario “que apostaron por un país mejor”.

El documental refiere no el origen sino la escisión del EPR para conformar ERPI. Interviene Jacobo Silva Nogales, líder de los escindidos El Comandante Antonio afirmó haber participado en la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos, siendo parte del Partido de los Pobres. Eso sería a inicios de la década de 1970. Agregó que se integró al EPR, quien se dio a conocer el 28 de junio de 1996, pero se separó y fue a formar el ERPI dos años después.

Haciendo un recordatorio de lo sucedido 26 años atrás, añadió que con él salieron del EPR la Comandante Aurora, es decir su compañera Gloria Arenas Agís, así como los comandantes Emiliano, Hermenegildo, Santiago y Cuauhtémoc. Salió porque otros líderes del EPR desconfiaron de él por presentarse en comunidades sin capucha, para que no desconfiaran de él los lugareños, en labor de convencimiento para que aceptaran ayudar y también, para incrementar las filas.

¿Qué quería el EPR? Según la declaración emitida al irrumpir en el vado de Aguas Blancas, lugar de la masacre de los 17, en el primer aniversario al que acudió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, justicia para los agraviados. Para el 28 de junio de 1996, ya no estaba en la gubernatura Rubén Figueroa Alcocer, responsabilizado del crimen masivo.

En el famoso manifiesto de Aguas Blancas, reiterado en posteriores comunicados, el EPR aclara que no busca hacer una guerra al Estado, sino que hubiera justicia plena para las víctimas de la masacre y los deudos. Aparentemente esas dos demandas estaban satisfechas en el momento de la irrupción del EPR.

Pero se da la escisión para conformar el ERPI en 1998. En su primera declaración como grupo insurrecto, asume que ante la cercanía de la contienda presidencial del 2000, vigilaría, sería una especie de ángel de la guarda, para que la voluntad popular se respetara.

Apoyaba el ERPI a Cárdenas Solórzano, disidente del PRI que en ese 2000, contendía por tercera ocasión. Volvió a perder con su partido creado, el PRD. El grupo armado quiso actuar al notar la inconformidad de la gente por ese resultado, pero el mismo candidato los calmó.

Interviene el documentalista para preguntar a Silva Nogales si es posible declarar la guerra, hacer una revolución contra un presidente como Andrés Manuel López Obrador que tiene 70 por ciento de aprobación ciudadana, a lo que respondió que no. “No en este momento”.

El documentalista preguntó lo mismo a Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien en el video se quejó de haber sido perseguido 43 años, responsabilizado de varios ataques atribuidos a grupos guerrilleros. La respuesta fue en el mismo sentido: “No, nosotros lo que vamos a hacer es fortalecer lo que hemos hecho en estos cinco años y medio, que es fortalecer la participación del pueblo a través de las urnas. El trabajo intenso del presidente actual fue tan profundo, es un trabajo de Estado, que está garantizado nuevamente el triunfo del pueblo en las urnas”.

Blanca Lirio Muro Gamboa y Leticia Canseco Ruiz dan su testimonio de participación en el ERPI y su detención y tortura. Fue para hacer más extenso el documental. También se incluye testimonio del Comandante Francisco del EPR, quien asume que la fractura del grupo armado se debió a que no hubo un proceso de crítica y autocrítica, lo que hizo entrar en contradicciones ideológicas y políticas. Y no solo hubo escisión y se formó el ERPI; también las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y la Tendencia Democrática Revolucionaria

Habría una ronda de intervenciones y un asistente al que se identificó como maestro disidente, señaló que ese documental se advertía como una apología del actual gobierno federal.

La presencia de la guerrilla del EPR y después ERPI no pasó de Guerrero. Algunas agencias de prensa pudieron entrevistar a sus líderes en esporádicas apariciones en los vecinos estados de Morelos y Oaxaca. Tuvo enfrentamientos circunstanciales con policías y militares hasta antes del 2000. La derrota del PRI por primera vez en 70 años provocó la desmovilización de los guerrilleros. La última vez que realizó un ataque fue en julio de 2027 a instalaciones de Pemex en respuesta a la detención de dos líderes.

Con la aparición y empoderamiento de los grupos criminales, prácticamente los grupos guerrilleros pasaron al olvido. Van tres sexenios, tres gobiernos federales, que la preocupación principal es abatir la inseguridad y distintos tipos de delitos como extorsión y narcotráfico.

Culpables sonrientes e impunes

Hace 29 años, el 28 de junio de 1995, se perpetró “uno de los mayores crímenes de Estado de nuestra historia reciente: la masacre de Aguas Blancas”. Así inicia el comunicado que circuló antes de la marcha realizado en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez.

Ese día, prosigue, el entonces gobernador de Rubén Figueroa Alcocer “con la asesoría de Mario Arturo Acosta Chaparro, dio la orden a la policía motorizada de disparar en contra de nuestros compañeros campesinos que se dirigían hacia Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación pacífica por la presentación con vida de nuestro compañero Gilberto Romero Vázquez y para demandar insumos para el campo”. Acosta fue de los militares represores de la guerrilla de Cabañas Barrientos.

La masacre “fue un hecho atroz que demostró que las prácticas de terrorismo de Estado, aplicadas por el gobierno mexicano en contra del pueblo en la década de 1970, seguían vigentes. Se trata de un acontecimiento que marcó la historia de México, al grado que recientemente ha sido incluido en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública”.

Recalca que López Obrador ha hecho referencia a la masacre en varias ocasiones “como un ejemplo de la forma autoritaria en que los gobiernos del PRI actuaban para acallar las protestas sociales. Sin embargo, no basta con que el presidente se pronuncie al respecto o que este hecho hoy este en los libros de texto, hace falta que haya justicia. Esto quiere decir que se castigue a los autores materiales e intelectuales que perpetraron este crimen de Estado”.

No hay justicia “a pesar de que existe la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de abril de 1996, la cual señala que existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos de Aguas Blancas”. Los responsables, Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán, exsecretario General de Gobierno, y Antonio Alcocer Salazar, exprocurador de Justicia.

Recalca dicho comunicado que los responsables “viven en la impunidad, andan en las campañas políticas y en eventos de las élites económicas y políticas de Guerrero, se toman fotos muy sonrientes con personajes de su partido e incluso con la gobernadora y con su padre. Se sienten y se saben impunes”.

Se anexa la demanda de libertad inmediata a Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente y preso en el estado de Morelos desde el año 2001 por delitos fabricados, apelando a la recién aprobada Ley de amnistía. El comunicado lo suscribe la Organización Campesina de la Sierra del Sur, en donde militaban los 17 asesinados.