Se resisten policías federales, a integrar la Guardia Nacional

En el pasado miércoles tres de julio, centenares de elementos de la Policía Federal (PF), pararon actividades en todas las instalaciones que la Corporación posee en la Ciudad de México, en demanda de que se respeten sus derechos laborales en cuanto a antigüedad y prestaciones, en caso de ser aceptados en la Guardia Nacional (GN).

Todo comenzó a las tres de la mañana en el Centro de Mando de la PF (Contel), que se ubica en la alcaldía Iztapalapa, cuando los elementos citados para que se les practicaran los exámenes físicos, poligráficos y médicos –que son de acreditación obligatoria para incorporarse a la GN–, se negaron a abordar los autobuses que estaban listos para trasladarlos a distintas entidades, en donde se les realizarían dichas pruebas; después se les sumaron personal de diversas áreas, principalmente de Fuerzas Federales de Apoyo, Seguridad Regional y Gendarmería.

La Comisaria

Al poco rato, la comisaria general de la PF, Patricia Trujillo Mariel –enlace con la GN–, ingresó a dichas instalaciones policiales para negociar con los elementos inconformes, siendo entonces agredida por un grupo de agentes, quienes la tumbaron al piso y le arrancaron sus insignias de mando; sin embargo, consiguió entablar negociación con un grupo de representantes que los agentes inconformes designaron en ese día, quienes le entregaron su pliego petitorio, que incluía entre otras demandas, respeto a sus derechos laborales como antigüedad, pago de los bonos por riesgo y viáticos, y la petición de que los exámenes para ingresar a la GN, se realicen con la infraestructura del sistema de desarrollo policial de la PF, y no se discrimine a quienes tienen problemas de sobrepeso.

En punto de las siete de la noche, cuando ya se había reinstalado la mesa de diálogo con la participación del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, los representantes de la PF se retiraron de la negociación y anunciaron su convocatoria a un paro nacional indefinido para el día siguiente, jueves 4 de julio a partir de las nueve de la mañana, si no llegaban a un acuerdo con las autoridades.

Mientras en el Contel se celebraba el diálogo, en otros centros de trabajo de la PF, los inconformes cerraron vialidades durante varias horas junto con familiares, primeramente en el acceso principal y en uno de los sentidos del Periférico Oriente; en la avenida Constituyentes con dirección al centro de la Ciudad de México, frente a Torre Pedregal; en Periférico Sur en el sentido de sur a norte; en Miguel Ángel de Quevedo; en el kilómetro 11 de la carretera México-Pachuca; y durante cuatro horas, la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río.

El paro de actividades incluyó las oficinas centrales de la SSPC, en el poniente de la Ciudad de México –en donde un pequeño grupo de funcionarios se quedó adentro del inmueble–, que alberga las instalaciones de la División Científica de la Policía Federal y el área de Inteligencia. Asimismo, protestas en los estados de México e Hidalgo; y plantón de unos 50 agentes en la Glorieta Cuauhtémoc, en la Zona Río de Tijuana, Baja California.

Horas después, el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, en conferencia de prensa aseguró que los derechos laborales de los elementos de la PF estarán protegidos, su incorporación a la GN será voluntaria, y se respetarán sus salarios y prestaciones.

El funcionario aclaró que las evaluaciones físicas y médicas que están realizando a esos agentes, no violan sus derechos ni obstruyen la continuidad en su trabajo, y son sólo una medida para salvaguardar su vida e integridad, frente a los esfuerzos que eventualmente exigirá la lucha contra la delincuencia.

También aseguró que los integrantes de dicha corporación que deseen ingresar a la GN, “contarán con un seguro de gastos médicos privado, además de los servicios que otorga el Issste, y que “las prestaciones se mejorarán de manera gradual hasta lograr su homologación con las que tienen el Ejército y la Marina, lo que incluirá apoyos de vivienda y becas escolares”.

Asimismo, que quienes no deseen ingresar a la GN o no acrediten las evaluaciones obligatorias, tienen la opción de integrarse al Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Administración General de Aduanas y, provisionalmente, a otras divisiones de la PF en tanto no sean transferidas, respetando su antigüedad, derechos y prestaciones correspondientes.

Durazo Montaño precisó, que los elementos que realizaron diversos actos de protesta son sólo una minoría, en relación con el número de agentes con que cuenta la PF –más de 35 mil elementos, distribuidos en siete divisiones–, y que tales actos se concentraron en el Centro de Mando en Iztapalapa. Exhortó por último, a quienes protestaron, a que ya no hagan más paros y manifestaciones.

Al día siguiente, jueves 4 de julio y luego de horas de negociación, en la que participó el subsecretario de la SSPC Ricardo Mejía Berdeja, un grupo de agentes acusaron a sus representantes de haber pactado con las autoridades y los desconocieron como tales; entre dichos representantes, Ignacio Benavente Torres, quien se ostentó como presidente de la Asociación pro Libertad y Derechos Humanos en América; acto seguido, estos agentes ingresaron al edificio de la División de Seguridad Regional y exigieron dialogar con el subsecretario Mejía Berdeja, para solicitarle que se les liquide e indemnice de manera inmediata.

Un representante condenado por secuestro

Ya no se permitió que participara en la mesa de diálogo Ignacio Benavente Torres, ya que se dio a conocer que purgó una condena por secuestro y existen en su contra siete investigaciones en curso en los estados norteños de Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas, y la Ciudad de México en el centro del país.

En conferencia de prensa celebrada en mismo jueves 4 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, insinuó que Felipe Calderón podría estar detrás de la protesta, y ya por la noche en un noticiario televisivo, aclaró que uno de los autodenominados representantes de los inconformes, había pedido que el ex presidente de México fuera su representante sindical; también señaló que tales manifestaciones de protesta, han sido aprovechadas por grupos de interés ligados a la corrupción, que estuvo incrustada estructuralmente en la PF.

A pregunta de los reporteros, de que si detrás de las movilizaciones se encuentran funcionarios de anteriores gobiernos federales, Durazo Montaño respondió que: Nuestra conclusión es que hay beneficiarios de contratos y procesos administrativos viciados al interior de la corporación, y que algunos líderes visibles del movimiento, son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolina no utilizada y en la adquisición de tecnología, entre otros; que se están aprovechando de la legítima inconformidad que tienen algunos elementos de la PF, quienes ante la falta de mecanismos de comunicación interna –paralelos a la creación de la Guardia Nacional–, que reconocieran sus sentimientos y se anticiparan a sus demandas, pudieran sentir sana y legítimamente que están en riesgo sus derechos; y precisó que todos los buenos elementos van a tener su oportunidad laboral, pero advirtió que no hay margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional.

Sobreprecio en el sistema de inteligencia “Rafael”

Por otro lado, reveló que se investiga la compra con sobreprecio, de un sistema de inteligencia conocido como “Rafael”, contratado en diciembre de 2015 y adquirido por dos mil 458 millones de pesos, con cargo a la partida de Gastos de seguridad pública y nacional, y que provocó un adeudo por mil 300 millones de pesos.

Posibles auditorías de la Secretaría de la Función Pública y de la ASE

Por último, el titular de la SSPC, informó que con motivo del proceso de transición a la GN y extinción de la Policía Federal, se ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública, que practique una auditoría integral de cierre del organismo; además, que la Auditoría Superior de la Federación, abrió un proceso para la revisión de la cuenta pública 2018.