A 17 años intentan reactivar “La Parota”

* Tiene una estela de sangre y violencia que todavía continúa

* En este proyecto largamente aplazado, insisten empresarios y funcionarios de Guerrero; AMLO se pronuncia opositor

Ahora que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrados, se pronunciara por no reactivar el proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “La Parota”,  en Enero de este año, empresarios y funcionarios del Estado de Guerrero buscan reactivar el proyecto, que durante 17 años ha dejado las comunidades que pertenecen a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, una estela de sangre y violencia con más de 20 muertos.

Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), preciso en entrevista, que: “La herida está abierta, sigue sangrando; las agresiones causaron un daño irreversible, y dejó polarización entre la gente.

Sin embargo, El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó durante una conferencia mañanera, que dentro de los megaproyectos del gobierno federal no está el reactivar el proyecto de la hidroeléctrica La Parota en Guerrero y aseguró que no realizará obras en los que haya oposición de la población, “no se puede hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente”.

Empero, el gerente de proyecto de la hidroeléctrica “La Parota”, Manuel de Jesús Cristales Méndez, dijo hace algunos meses, que espera que con el cambio de gobierno de la República, se reconsidere la reanudación del proyecto, debido a que millones de litros de agua dulce del río Papagayo son desperdiciados directamente en el mar.

No habló de los pueblos, de los terrenos agrícolas que quedarán bajo la presa.

Lo dicho por el Presidente de la República, causó molestia entre funcionarios del gobierno de Guerrero y empresarios, los que ya negociaban por debajo de la mesa, el reinicio de los trabajos, que dejarían bajo el agua a pueblos enteros, lo que ha puesto en alerta a los campesinos y comuneros de la zona de la Costa Chica.

Hay que recordar, que el proyecto La Parota sería construido sobre el cauce del río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco y se dice que el proyecto de la CFE, será una oportunidad para generar desarrollo en uno de los estados que registran mayores niveles de pobreza en el país, a pesar de que existen evidencias a escala mundial de que las presas no han logrado generar un desarrollo que termine con la pobreza, y si beneficia a empresas e intereses económicos y políticos locales y nacionales.

Especialistas en la materia sustentan que La Parota causará graves problemas tanto ambientales al modificar los sistemas hidrológicos y a los ecosistemas, y también  sociales con la ruptura del tejido social, migración y desempleo, por lo tanto, son mayores los efectos, que los beneficios, motivo por el cual algunas presas en el País, se han desmantelado y sustituido por proyectos de menor escala con impactos menores  para la población local y el medio ambiente.

Cabe mencionar, que la lucha en contra del proyecto nació en el año 2003 y a la fecha ha generado decenas de muertos y el encarcelamiento del lider del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Marco Antonio Suastegui, su hermano Vicente y  23 policías comunitarios, los que un Juez puso en libertad por haber sido torturados para que se declarararan culpables del homicidio calificado, cometido en agravio de 6 de las once personas caídas en La Concepción.

El proyecto hidroeléctrico “La Parota”, nace en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde se diseñó un embalse de presa, que inundaría parte de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero y San Marcos, y que implicaría el desplazamiento directo de alrededor de 25,000 personas e indirecto de otras 75,000.

En el año 2003 la CFE inició los trabajos de construcción en terrenos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en donde sin permiso de los dueños de la tierra abrieron caminos, quitaron cerros, talaron árboles, desmontaron vegetación forestal y destruyeron huertas y sembradíos.

En respuesta, el 28 de julio del 2003 nace El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), como un movimiento de resistencia que agrupó a campesinos opositores al Proyecto, ubicado sobre el cauce del río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco y dio inicio un movimiento de resistencia bloqueando los caminos que conducen al lugar donde se pretendía hacer la cortina de la presa e investigar, preguntar o interrogar a trabajadores de la CFE y constructora responsable, logrando determinar que quedarían bajo el agua 13 poblados, serían reubicados 25 mil habitantes, de los cuales el 76% se dedica a la actividad agrícola; La inundación de 14 mil 213 hectáreas y la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco.

Además la construcción de un embalse de 13,728 mil hectáreas de superficie, una cortina que represaría el río de 162 metros de altura, 5 años de obras, y una inversión (de dinero del 2004) de ocho mil millones de pesos.

El 24 de agosto del 2004, la CECOP solicitó la consulta pública de la MIA, como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La SEMARNAT acordó someterla a consulta, con el fin de darla a conocer y evaluar los comentarios y observaciones de la ciudadanía, en la cual participaron cientos de campesinos, ambientalistas, abogados agrarios, biólogos, ecólogos, hidrobiologías, sociólogos, y demás profesionistas y gente de la academia, quienes expusieron su desaprobación al  proyecto hidroeléctrico. El gobierno Federal suspendió dicho proyecto.

Por su parte, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), convocó a esclarecer los hechos ocurridos en La Concepción, en la zona rural de Acapulco, en que perdieron la vida seis civiles y dos policías comunitarios, en un primer enfrentamiento y horas después, tres policías comunitarios.

Se explica que la ONU-DH, en colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil y a partir de ese trabajo de campo la ONU-DH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes”, advirtió la ONU-DH, que, “se recibió incluso información sobre la comisión de actos de tortura, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención.”

Actualmente, el movimiento está recuperando fuerza, ante la posibilidad que el gobierno de  Héctor Antonio Astudillo Flores, permita a la CFE reiniciar los trabajos, ya que según el líder liberado el año pasado, Marco Antonio Suástegui, el gobierno estatal prepara nuevas órdenes de aprehensión en contra de los opositores.