Coyunturas políticas: Entre comunitarios y desplazados * Maestros y su pretexto de miedo

De hace poco más de dos décadas a la fecha, es una verdad irrefutable y palpable, ser parte del gobierno o encabezarlo ha dejado de ser atractivo. Ya sea porque la efervescencia social no deja de bullir, ya sea por presiones externas pero los funcionarios de las distintas áreas administrativas tienen que responder, actuar con celeridad. Otra verdad fehaciente es que, con la irrupción de grupos delincuenciales organizados, el problema de la inseguridad se tornó en el principal y ahí no acaba, porque surgieron problemas derivados.

Ese el caso de los grupos de policías comunitarios que, haciendo a un lado la lógica jurídica que permitió su irrupción en masa a inicios de 2013, comenzaron resguardando sus pueblos y después quisieron fungir como policías interestatales; de Tierra Colorada, quisieron expandirse a Chilpancingo en ese mismo 2013 y al no conseguirlo, quisieron entrar a Acapulco después. Ante el fracaso expansionista, algunos grupos comenzaron a pelear entre sí, como el mencionado de Tierra Colorado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero con el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero.

Aunque este año habían permanecido tranquilos, un nuevo zipizape se registró a medidos de noviembre en Xaltiaguis, zona rural de Acapulco, con el grupo de policías comunitarios conformados recientemente y los de la UPOEG de Tierra Colorada. Autoridades de los tres niveles intervinieron para calmar la situación y llevaron a prisión a una veintena de rijosos. A mediados de la semana pasada, habitantes de Tecoanapa, donde también hay policías comunitarios de la UPOEG, bloquearon la carretera que lleva de la región Centro a la Costa Chica y retuvieron a una veintena de agentes de la Guardia Nacional para demandar que tres de los detenidos sean liberados porque, aseguran, no andaban echando bala en Xaltianguis sino que acudieron a ese poblado a buscar a tres líderes desaparecidos. El fin de semana persistía la retención.

En tanto, Gregorio Portillo Mendoza, alcalde de Zirándaro, pidió ayuda a gritos destemplados al gobierno federal que lo ayude a detener la violencia que, asegura, hay en su municipio y que ha causado el desplazamiento de centenares de personas. Autoridades estatales dieron de respuesta que no se habían enterado de la situación porque la autoridad municipal no informó ni pidió ayuda, prefirió dirigirse directamente a la capital del país. De hecho, no había denuncia de violencia o desplazamiento. Al acudir un contingente de militares y policías, tampoco encontró huellas de batalla. Pero lo que debe llamar la atención es que se trata de una autoridad municipal la que pide que lo rescaten; se supone que las autoridades se encarguen de brindar seguridad a sus gobernados; hacer eso que pide el alcalde que le hagan.

En fin, en este caso como en el de los desplazados de la sierra de Chichihualco y Tlacotepec, se pide ayuda porque hay lugareños desplazados por amenazas de maleantes, pero nunca se explica por qué causa, motivo o razón los maleantes amenazan a los lugareños. Por extraña coincidencia, es gente que habita en zona de cultivo de enervantes.

PASANDO A UN TEMA DISTANTE, no se conoce de un solo caso de extorsión a maestros. Que alguno de ellos demuestre, con testigos en mano (por así decirlo) que fue saqueado por maleantes que llegaron hasta su aula o escuela o domicilio. Pero es un pretexto bueno porque han adelantado por tres años las vacaciones decembrinas y esta vez, hasta pretendían que les pagaran por adelantado el aguinaldo. Ese mismo temor deberían hacerles regresar a clases antes del arranque del ciclo escolar o, en caso extremo, renunciar a las vacaciones y estar en labores docentes porque, hasta donde se advierte, hay resguardo policial suficiente como para evitar que los delincuentes las invadan.

En fin, tenemos unos docentes que se esfuerzan por estar ausentes de las aulas con cualquier tipo de motivo. La memoriosa hemeroteca refiere que apenas iniciado el siglo XXI, un numeroso contingente proveniente de la región de La Montaña invadió la capital de la entidad para protestar porque la Secretaría de Educación Guerrero (es decir, el funcionario respectivo) dispuso dejar de pagarles en efectivo y automatizar los pagos en bancos. La molestia fue porque no los consultaron.