Los 43: otra vez se hizo bolas el engrudo

Aturdido todo mundo por la polvareda que levantó el informe que presentó la Presidencia de la República sobre el caso Ayotzinapa a los padres de los 43 desaparecidos de la normal rural, por su gran parecido con la despreciada “verdad histórica” del gobierno anterior, casi nadie reparó en un detalle que desde hace poco más de ocho años es la piedra en el zapato del movimiento de los familiares de las víctimas.

Es un detalle vital que, sin embargo, jamás menciona en sus denuncias el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, pero de cuya existencia siempre ha estado consciente.

No se trata de un secreto, ni mucho menos. Es, más bien, un hecho ya observado por medios y comentaristas.

Se trata de la existencia de más de 63 mil fragmentos óseos levantados por técnicos de la entonces Procuraduría General de la República en el basurero de Cocula y en el río San Juan, y depositados en las bóvedas de súper seguridad de la entonces dependencia.

Tras inspeccionarlos, científicos del organismo concluyeron entonces, a finales del 2014, que 114 de esos restos óseos y odontológicos deberían ser enviados al laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck para su confronta con el ADN de los familiares de los 43, pues su probabilidad de corresponder a los normalistas desaparecidos era muy alta.

Ocho años han estado en bodega esos 114 fragmentos, pues fuertes intereses no desean que sea develado el misterio que los envuelve. ¿A quiénes corresponden esos huesos levantados en el basurero de Cocula y en el río San Juan?

Hasta esta fecha, 7 de octubre del 2023, han sido identificados restos de tres normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014:

El primero fue Alexander Mora Venancio, cuya identificación se logró antes del 6 de diciembre de ese año.

El segundo fue Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en julio del 2020.

El tercero, Jhosivani Guerrero de la Cruz, en junio del 2021.

Cualquier investigador de este caso podría pensar que esos datos son buen indicio para deducir lo que les pasó a los otros 40 desaparecidos. Pero también cualquier investigador serio se sorprendería si descubriera que la hoy Fiscalía General de la República tiene en su poder 63 mil fragmentos óseos humanos recogidos en los escenarios del crimen, según reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación del 2018. Y se sorprendería aún más, si supiera que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa anunció el 30 de marzo del 2019 que enviaría a Innsbruck para su análisis 114 de esos restos. Pero cuatro años después no se han enviado porque al movimiento liderado por Vidulfo Rosales no le convendría que el análisis científico confirmara la verdad histórica: que los estudiantes fueron asesinados, incinerados, pulverizados y botados por ahí como desecho: justo lo que hace días confirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Y ahora hay un gran problema, porque el movimiento de Vidulfo Rosales quiere demostrar que el responsable fue el Ejército, mientras ahora el presidente López Obrador quiere demostrar, como ya lo dijo, que no fue el instituto armado, sino sólo algunos de sus integrantes, si bien a él le gustaría que fueran no más de cinco.

El caso es que, al final, también al gobierno de la transformación se le hizo bolas el engrudo en el caso de los 43 de Ayotzinapa.